De plebiscitos y confusiones

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Uruguay es el país de toda América que más veces ha practicado la democracia directa a nivel nacional. En las últimas nueve décadas se practicó algo más de cuarenta veces: de 20 a 25 plebiscitos o referendos (la cantidad exacta depende del criterio empleado para el conteo), 14 iniciativas ciudadanas y siete actos de adhesión a referendos.

Uruguay es el país de toda América que más veces ha practicado la democracia directa a nivel nacional. En las últimas nueve décadas se practicó algo más de cuarenta veces: de 20 a 25 plebiscitos o referendos (la cantidad exacta depende del criterio empleado para el conteo), 14 iniciativas ciudadanas y siete actos de adhesión a referendos. Antes que el tema se politizara, la cátedra tuvo una postura clara en determinar la existencia de cuatro tipos de actos de democracia directa a escala nacional: el plebiscito de carácter aprobatorio restringido a la materia constitucional, el referendo de carácter abrogatorio contra las leyes, la iniciativa en materia constitucional que conduce directamente al plebiscito de aprobación y la iniciativa en materia legislativa. Sobre esto último, los trabajos iniciales concuerdan en que queda limitada a la primera etapa del proceso de elaboración de la ley, es decir, la mera iniciativa. Luego han surgido opiniones académicas que extienden las consecuencias de la iniciativa, la asimilan al proceso constitucional, y sostienen que deriva en un referendo aprobatorio; estas tesis han resultado muy polémicas, particularmente porque aparecen cuando les son funcionales a los grupos políticos con los cuales tienen afinidad los mismos catedráticos. En lo que hasta ahora ha habido unanimidad es en que no existe en el derecho uruguayo el referendo consultivo.

Desde hace algún tiempo el Encuentro Progresista-Frente Amplio ha deslizado la idea de apelar a la iniciativa ciudadana y, a partir de ella, intentar llegar a un referendo aprobatorio. Hasta ahora el EP-FA no ha llegado a formalizar la teoría de la existencia del referendo aprobatorio, pero ha dado señales que indican la predisposición a intentar generar la polémica por la vía de crear hechos. Todos los dirigentes colorados y blancos que se han pronunciado han sido contestes en la teoría contraria: la iniciativa ciudadana es simplemente una iniciativa, luego sobreviene como marca la sección VII la discusión y sanción a nivel del Poder Legislativo y la promulgación a nivel del Poder Ejecutivo.

Las últimas dos semanas han arrojado novedades. Desde tiendas coloradas, desde el Foro Batllista aunque a título individual, ha surgido la idea de convocar a un referendo consultivo (a propósito del aborto). Y desde la izquierda ha salido la respuesta categórica: no hay referendo consultivo ni aprobatorio de leyes, la Constitución solo permite el referendo abrogatorio contra las leyes. Desde el Foro surge la consigna de “que el pueblo decida”, esté o no previsto el camino en la Constitución; desde la izquierda se contesta con la lectura más estricta de la Carta Magna. Hay una especia de enroque, que por lo menos sirve para confundir a los analistas y hacer que las cosas sean menos previsibles y más interesantes.

Por otro lado, tras el triunfo por walk-over en el tema Antel-Ancel, la izquierda salió a redoblar esfuerzos para llevar a referendo la ley sobre Ancap. Como viene ocurriendo desde hace bastante, la idea partió del ámbito sindical y fue impuesto al ámbito político, y significó además que los sectores frenteamplistas opuestos a la ley acorralaron por segunda vez a aquéllos que colaboraron en la redacción de la norma.

Ocurre que a un mes de expirar el plazo constitucional surgen serias dudas sobre la capacidad movilizatoria para recoger las 200 mil y pico de firmas faltantes. Pero en una demostración de que la izquierda carece de conducción unificada (tomada en su conjunto, no exclusivamente como organización política), a mitad de la escala de la difícil montaña aparecen campañas de búsqueda de firmas en relación al agua potable y el saneamiento, y además sobre otros temas relacionados con otras empresas estatales. Lo claro es el mecanismo: el sindicato relacionado con el tema toma la iniciativa, el movimiento sindical en su conjunto la recoge ineluctablemente y el Encuentro Progresista-Frente Amplio de inmediato adhiere. Así se genera una lógica que agota y dispersa esfuerzos, y que parece no corresponder a un plan estratégico.

Aborto, petróleo, agua, plan de reactivación y demás. Para derogar, aprobar y consultar. Como quien dice, buena capacidad la de los uruguayos para confundir a tirios y troyanos.