El fuerte olor del petróleo

Oscar A. Bottinelli

El Observador

El petróleo ha sido el gran botín estratégico del siglo XX y, si estalla, el determinante de la primera gran guerra del siglo XXI. Aquí, donde al subsuelo no se le ha logrado extraer una sola gota, contamina el accionar político, ahora y mucho antes. Ancap nació en medio de un escándalo político, al que se bautizó como “pacto del chinchulín”, por el reparto político que supuso su creación.

El petróleo ha sido el gran botín estratégico del siglo XX y, si estalla, el determinante de la primera gran guerra del siglo XXI. Aquí, donde al subsuelo no se le ha logrado extraer una sola gota, contamina el accionar político, ahora y mucho antes. Ancap nació en medio de un escándalo político, al que se bautizó como “pacto del chinchulín”, por el reparto político que supuso su creación. Después viene el 31 de marzo de 1933 y la interrupción institucional; y sobre ello Enrique Rodríguez Fabregat relata que al concluir la última sesión de la Asamblea General, sentado en una banca de la última fila del hemiciclo, Luis Batlle Berres clamó: “Este golpe que viene tiene olor a petróleo”. Setenta años después, en medio de la mayor crisis de su historia (o al menos de la historia moderna), el país se agita en torno a la reestructuración de la empresa petrolera estatal que deriva en una polémica sobre las garantías electorales.

El proceso de la ley de asociación de Ancap es la crónica de equívocos y teléfonos descompuestos. El primer capítulo ocurre dentro del gobierno, donde en este período hubo tres proyectos: el primero fue la ampliación y modernización de la refinería impulsada por el anterior presidente del organismo (Eduardo Ache); luego vino el anuncio de su nueva designación como presidente, su abrupto remplazo y la paralización del proyecto por el nuevo presidente (Jorge Sanguinetti), partidario de la libre importación de combustibles refinados, al sostener que resultan más baratos que comprar petróleo crudo y refinar en el país. Finalmente, al comprobar el costo de la paralización de las obras en la refinería, apuesta a un camino intermedio: buscar la asociación de Ancap con alguna gran empresa petrolera internacional, que costee la modernización de la refinería. El gobierno tardó así un año, desde su instalación, en diseñar su política sobre el tema combustibles.

El segundo capítulo de los enredos viene en la negociación posterior. Jorge Sanguinetti informa minuciosamente al Frente Amplio y a Tabaré Vázquez de su proyecto. Con la convicción de contar con el aval de la izquierda, el Poder Ejecutivo envía el proyecto de ley al efecto. En el Senado, coalición de gobierno y oposición negociación y llegan a un acuerdo, al incorporarse varias disposiciones redactadas de puño y letra por el líder de Asamblea Uruguay Danilo Astori y por los dos senadores de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio y Alberto Couriel (quien manifestó urbi et orbi haber consultado y contado con el aval de Vázquez).

Cuando todo parecía a punto de concluir, comienza el tercer capítulo: surge en la izquierda un fuerte rechazo a la ley, oposición que tiene como fuente institucional al sindicato de Ancap, como escenario simbólico el barrio de La Teja y como puntal político al Partido Socialista. Este juega fuerte, obtiene el vuelco de Vázquez y logra que el Frente Amplio defina su rechazo al proyecto. Transformado en ley, el sindicato impulsa un recurso de referendo, al que adhiere primero el PIT-CNT y luego el Frente Amplio. Y dentro del Frente Amplio, la Vertiente apoya la campaña de recolección de firmas para derogar lo que co-redactaron sus propios senadores. Y al concluir este capítulo de enredos en la izquierda, en este 2003 legisladores socialistas promueven someter a Ancap a la competencia privada, la del gas natural comprimido, dado que podría resultar más barato que el combustible refinado en Uruguay.

El cuarto capítulo se da en la Corte Electoral, con el trasfondo de las desconfianzas recíprocas y el recelo de la izquierda por la no renovación del organismo. Allí se resucita la polémica de todo el año 1988 en torno al recurso de referendo contra la Ley de Caducidad, sobre la validez o invalidez del color de la tinta, de las enmendaduras y tachaduras. Así, por culpa de tirios o de troyanos, se tiende a afectar el prestigio de la Justicia Electoral, su calidad de árbitro y de garante de los actos y procesos electorales.

Todos estos capítulos de enredos no incluyen ese otro gran tema que son los negocios de Ancap en Argentina. No vale la pena imaginar cuál sería el escenario si este país fuese un fuerte productor de petróleo.