FMI y dimensión política

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Esta semana el Fondo Monetario Internacional divulgó su análisis sobre la situación del Uruguay. En el mismo aparece el reclamo de “nuevos esfuerzos para fortalecer la competencia “, “expandir el espacio para la actividad privada” y “reducir el tamaño del sector público mejorando su eficiencia y abriendo a la actividad privada en aquellos sectores actualmente reservados para el Estado”.

Esta semana el Fondo Monetario Internacional divulgó su análisis sobre la situación del Uruguay. En el mismo aparece el reclamo de “nuevos esfuerzos para fortalecer la competencia “, “expandir el espacio para la actividad privada” y “reducir el tamaño del sector público mejorando su eficiencia y abriendo a la actividad privada en aquellos sectores actualmente reservados para el Estado”. Es sabido que una recomendación del FMI es algo más que el consejo de un consultor externo y suena más a la sugerencia que un banco acreedor le hace al cliente deudor. Y esta recomendación ocurre en el mismo momento en que comienza la campaña electoral referendaria sobre la Ley de Asociación de Ancap.

Para situar el momento político basta un simple repaso de situación. Todo el referendo gira en torno a si se permite a Ancap asociarse ahora con una empresa petrolera internacional, conservando el Estado la mayoría absoluta de la propiedad y cediendo el gerenciamiento por 30 años. En materia de propiedad, pues, no se discute si Ancap pasa íntegramente a propiedad privada, sino si pasa a manos privadas la minoría de la propiedad y si cede a privados el gerenciamiento de la nueva empresa. Ceder el gerenciamiento y la minoría de la propiedad provoca el recurso de referendo. El año pasado, más o menos por esta misma época, el oficialismo se batió en retirada y no libró batalla en defensa de una norma que permitía la venta de la minoría de la propiedad de la telefonía celular estatal (que está en régimen de competencia abierta con una empresa privada) y también posibilitaba la desmonopolización de las llamadas internacionales (esto último legal o ilegalmente de hecho se hizo). Es decir, la sociedad uruguaya no admite con facilidad y sin polémica ceder terreno a la propiedad y la gestión estatales. Este es un dato de la realidad, indiscutible, que va más allá del gusto y disgusto de cada uno. Para unos significa el paradigma de una sociedad justa y para otros el síntoma de una enfermedad incurable. Pero lo que no se discute es que la mayoría de la sociedad es reacia a un juego libre y puro de mercado.

En este referendo, además, la izquierda tiene un problema complicado entre quienes han participado en la redacción de la ley (que no sólo es Astori, sino también los dos senadores de la Vertiente Artiguista) y quienes se oponen a todo tipo de reducción del papel del Estado. La forma encontrada como síntesis es no discutir demasiado el contenido de la ley, sino plantear la desconfianza hacia un gobierno que usará aspectos ambiguos de la ley para privatizar Ancap: “la ley es una privatización soterrada” es la expresión ya usada por dos diferentes dirigentes en dos distintas mesas redondas. Colorados, blancos y del Partido Independiente han salido al cruce de estas afirmaciones, indignados, considerando que así la izquierda ensucia el debate. Pero por las dudas que a la izquierda se le pueda complicar el fundamentar sus argumentaciones, aparece en su apoyo el FMI, que dice con todas las letras que hay que abrir a la actividad privada áreas reservadas al Estado. Dice justamente que hay que ir a privatizar, que es lo que a una gran mayoría de los uruguayos les rechina.

No es muy claro cuál es la motivación del Fondo Monetario Internacional. Porque hay tres tipos de razones para promover lo que promueve. Una, obviamente, es ideológica: la convicción de que una sociedad es fuerte y exitosa si predomina lo privado y lo público cumple un papel subsidiario, si el motor de la actividad es el pleno y libre juego del mercado y de la actividad privada. Dos, porque las actividades que realiza el Estado son deficitarias y el mantenimiento de esas empresas en manos públicas es una carga fiscal. Y tres, porque son ineficientes y en cambio la contracara son empresas privadas eficientes. Lo primero entra en el debate de la política y de las ideas, que como es sabido sólo es laudable (a veces, no siempre) por la historia. Lo segundo en Uruguay, si se refiere a las tres principales empresas no financieras (Ancap, Antel y Ute) no es correcto, salvo el desajuste financiero que le provocó a Ancap en el último año el desfasaje del dólar y del precio del crudo; a la inversa, casi uno de cada diez pesos que entran en la Tesorería provienen de las utilidades de estas empresas, lo que en romance burocrática se llaman “transferencias”. Y tres, la opinión pública tiene percepción que estas empresas son eficientes, basta ver la calificación que les otorga, en forma sistemática y sin excepciones, al menos desde 1990 a la fecha. Trece años en que el juicio de los uruguayos sobre Ancap, Antel y Ute va de muy bueno excelentísimo, según la empresa y el año. Es posible que los uruguayos no entiendan que es eficiencia e inclusive que sean unos reverendísimos tontos, pero aunque fuere así, lo que no es discutible es cómo piensan: todo estudio realizado sobre los valores de los uruguayos llega a la conclusión que más o menos 7 de cada 10 consideran que es fundamental la existencia de una fuerte presencia del Estado.

Por otra parte, la sociedad no se manifiesta a favor del Estado sólo en juicios de opinión, sino en actitudes de mercado. Basta ver el ejemplo de los seguros de automotores, la telefonía celular, los fondos de ahorro previsional o los depósitos bancarios, donde las empresas estatales ganan en competencia abierta (y a veces por paliza, como dicen los comentaristas deportivos). Pero además la sociedad está insatisfecha con muchas de las privatizaciones. Para tomar algunos ejemplos recogidos en diversos estudios: Rutas del Este recaudó un largo tiempo antes de empezar las obras; Uragua aplica tarifas muy superiores a las de Ose, se atrasa en el pago del canon, no cumple con las inversiones y amenaza retirarse; Gaseba tiene una percepción de eficiencia muy inferior a la de Ute y en el último año ha incrementado sus precios al menos una vez y media más que el organismo estatal. Por último los uruguayos sostienen que Argentina siguió exactamente el camino sugerido por el FMI y terminó peor que Uruguay, y arrastró a Uruguay.

Estos valores de la sociedad uruguaya serán buenos o malos, pero son los que tiene. Si son malos, es tarea de quienes piensan lo contrario realizar un esfuerzo largo y sostenido para cambiar la manera de pensar. Pero mientras no ocurra, recomendar lo que hace el FMI es olvidar la dimensión política del problema.