Judicialización y politización

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Hay dos fenómenos interrelacionados que se desarrollaron en el país en el último decenio, que involucran al sistema político y al sistema judicial. Uno es la creciente práctica del sistema político de dirimir sus disensos en el terreno y con las reglas del sistema judicial, más específicamente del judicial penal.

Hay dos fenómenos interrelacionados que se desarrollaron en el país en el último decenio, que involucran al sistema político y al sistema judicial. Uno es la creciente práctica del sistema político de dirimir sus disensos en el terreno y con las reglas del sistema judicial, más específicamente del judicial penal. El otro fenómeno es el inverso, la práctica también creciente de los actores del sistema judicial, también más exactamente del judicial penal, actores en calidad de jueces y actores en calidad de fiscales, de usar sus competencias para incidir directamente en el terreno político y además abrir un espacio de protagonismo comunicacional. Uno y otro fenómeno se retroalimentan.

El primer fenómeno, al que se puede nominar la politización de la función judicial, tiene como característica básica que unos actores políticos buscan la afectación ética de otros actores políticos, es decir, el recurso a la acción judicial es el medio para obtener un resultado comunicacional, que es intentar que el actor político objeto de la acción resulte dañado en la consideración de la opinión pública, o de determinado segmento de la opinión pública. La explicación primaria de la aparición del fenómeno es la percepción, por parte de los propios actores políticos, de que su prestigio está devaluado ante la sociedad y por tanto necesitan de un actor al que se presume de prestigio inmaculado, para que al oficiar como árbitro, avale la seriedad o validez de las acusaciones. Esto implica partir de tres presunciones: que la imagen de los actores políticos es baja (lo que es correcto, según surge de las encuestas), que la imagen de los magistrados es alta (lo que es falso, porque las encuestas demuestran que los jueces penales concitan mala opinión) y que la mera realización de la denuncia provoca en la sociedad un veredicto de culpabilidad (lo que es correcto y demuestran también los estudios de opinión pública). Es importante señalar que se detectan casos en que una importante mayoría de la sociedad atribuye a dirigentes políticos hechos éticamente reprobables, en base a denuncias hechas a la Justicia, pese a que esas denuncias fueron consideradas falsas en las instancias judiciales; es decir, basta la denuncia, con independencia de su veracidad, para que opere en el imaginario social. Cuando en este análisis se habla de sistema político se refiere obviamente a los actores propiamente político-partidarios, pero también a aquellos otros que construyen el sistema político en sentido amplio, como medios de comunicación y sindicatos. La politización de la función judicial opera de diferentes maneras, siendo las más usadas:

Una. La promoción de acciones por difamación o por injurias.

Dos. La realización de denuncias en sede judicial de hechos presuntamente delictivos, formuladas a título individual o institucional.

Tres. La promoción en el seno del Parlamento nacional o de las juntas departamentales, de comisiones investigadoras, cuya invariable conclusión es remitir los antecedentes a la Justicia. De hecho las comisiones investigadoras se han transformado en una especie de órganos presumariales al servicio de la justicia penal, sin que cumplan las funciones políticas específicas que le dan sentido al instituto.

Cuatro. El recurso de los sindicatos a la justicia (en este caso a la laboral) para buscar un apoyo externo en situaciones de conflicto.

Es decir que los actores políticos recurren a la denuncia judicial como individuos o lo hacen corporativamente, ya fuere a través de los partidos o de los órganos constitucionales de representación, o de los sindicatos. Puede decirse que en todos los casos el operativo político culmina con la formulación de la denuncia, la promoción de este acto y la publicidad subsiguiente. Pero aunque el operativo político comunicacional culmine aquí, lo que los actores políticos no evalúan muchas veces es que ponen en funcionamiento una máquina que, como la computadora Hal del famoso filme 2001, puede en determinados momentos autonomizarse y operar por cuenta propia. Puede ocurrir y ocurre.

Y aquí viene el reverso de la medalla, el segundo fenómeno, que es la acción política del sistema judicial penal, la judicialización política. Consiste en jueces penales (y también laborales) que toman causas con connotación política y además le imprimen un fuerte sello político. En principio estas causas, iniciadas o potenciadas desde el sistema judicial, abarcan dos grandes áreas temáticas: una relativa a actos que podrían calificarse de corrupción o desviación de poder y otras relativas a hechos ocurridos durante el período militar (que es todo un tema en sí mismo). El primer caso, el de lo relacionado con la corrupción o la desviación de poder, genera procedimientos y conceptos similares a los operados en Italia con el operativo “mani pulite”, sus secuelas y renuevos de parecido porte; y similar también a la primera época del juez español Baltasar Garzón. Básicamente consiste en la convicción, la mar de las veces implícita pero algunas veces explícita, de que los actores judiciales, jueces y fiscales, constituyen una especia de reserva moral de la sociedad, en quienes ésta ha depositado su confianza para que vele por la honestidad. Es una autopercepción equivalente a la que tuvieron los militares en la década de los recientes setenta. Y como en aquel entonces, la profunda convicción en su misión y en la culpabilidad de los denunciados los lleva a recurrir a forzar los razonamientos para que el objetivo no se desvíe. Los militares a falta de pruebas de delitos claros recurrían al enjuiciamiento por “ataque a la fuerza moral” de las Fuerzas Armadas; la versión civil y moderna es el procesamiento por abuso innominado de funciones o la exégesis piedeletrista que permita encontrar delito en cualquier falla administrativa. Como en este accionar hay ganadores y perdedores políticos, esta judicialización conlleva pues el rechazo de los afectados y la adhesión de los beneficiados.

Pero es importante remarcar que esta autopercepción moralizante de parte del sistema judicial penal ha sido iniciada, potenciada o legitimada desde el propio sistema político, incluidos los perjudicados, al judicializar los hechos políticos, al pretender dirimir en el terreno judicial los disensos políticos.