05 Oct. 2003

Una batalla simbólica

Oscar A. Bottinelli

El Observador

El 7 de diciembre se libra una relevante batalla entre la izquierda y los partidos tradicionales a propósito de la Ley de Asociación de Ancap. A priori lo que se juega es el destino de la empresa petrolera nacional (estatal y monopólica) y en particular de su refinería. Si la mayoría absoluta de los votantes se pronuncia en contra del mantenimiento de la ley, ésta se deroga; si esos votantes no superan el 50%, la ley continúa vigente.

El 7 de diciembre se libra una relevante batalla entre la izquierda y los partidos tradicionales a propósito de la Ley de Asociación de Ancap. A priori lo que se juega es el destino de la empresa petrolera nacional (estatal y monopólica) y en particular de su refinería. Si la mayoría absoluta de los votantes se pronuncia en contra del mantenimiento de la ley, ésta se deroga; si esos votantes no superan el 50%, la ley continúa vigente. En un elemental razonamiento cartesiano se puede deducir que esa noche queda definido el destino de Ancap: se asocia o sigue sola; en cada caso con las buenas perspectivas que aseguren los pregoneros de cada una de las opciones de voto o quizás con los malos augurios que cada parte garantiza para el caso de que triunfe la contraria. La pregunta que viene a la cabeza es ¿eso es así? ¿el referendo cambia en algo la suerte de Ancap?

La ley fue promulgada en los comienzos del 2002. De inmediato comenzó la campaña de recolección de firmas para convocar a referendo, lo cual motivó que de hecho las negociaciones en pos de interesados se enlentecieran. Si la ley se ratifica, quedará plenamente firme cuando quede menos de un año y cuarto de gestión de este gobierno. Según los que saben en esta materia, en ese plazo no hay tiempo siquiera para convocar a interesados. Y aunque lo hubiera, a lo sumo se podría hacer el llamado a licitación, sin tiempo siquiera para cerrar la recepción de ofertas. Pero el que la ley quede firme es un dato jurídico, pero no político, pues la firmeza del camino de Ancap seguirá siendo para los potenciales inversores una incógnita, ya que el dato fundamental que falta es el resultado de las elecciones nacionales. Para el destino final de Ancap es más importante ese escrutinio, el de octubre o noviembre del año que viene, que el del próximo diciembre.

Si la ley se deroga, tampoco parece echada la suerte de la empresa petrolera, dado el mensaje contradictorio de los impulsores del referendo. A estar a algún exponente de la vertiente sindical, se decide la suerte del sistema capitalista. En el otro extremo, sin el dramatismo de la caída de los muros de Bizancio, el líder de la izquierda proclama que lo que está en juego es un tema de matices, trascendente, fundamental, pero no de sustancia; lo que se decide es la forma y las condiciones de una asociación de Ancap, camino que el doctor Vázquez estaría dispuesto a emprender de llegar al gobierno. Como parece ser que el sistema capitalista no será derogado el 7 de diciembre, el destino de Ancap será nuevamente debatido a partir de marzo del 2005. En realidad será discutido en ese momento independientemente de lo que pase dentro de 63 días. Si triunfa la derogación se plantea a los triunfadores, si repiten el éxito a los diez u once meses, qué hacer con la refinería y con la empresa; porque decidir seguir con ella sola y afrontar por sí mismos la culminación de la obra, es toda una definición estratégica, de tanta envergadura como buscar una asociación. Y de buscarse la asociación, surge el debate de con quién y en qué condiciones. Pero si la ley se mantiene y además triunfa el año que viene alguno de los partidos tradicionales, el debate se reabre. Si se analiza bien el discurso de los defensores de la ley, en general concluyen que esta ley es tan inofensiva e inocua, que no hay inversor que pueda ser atraído por ella. Claro que pueden existir esos inversores, pero también es toda una definición política seguir con esta ley, como también lo es el modificarla en más o en menos. Porque decidir que Ancap siga sola o que se asocie con alguien de la región (y los nombres de Petrobrás y PDVSA están allí, en cada frase de cada conversación) es decidir un camino político para el país en relación a la región y al papel del Estado uruguayo en esta región; y el decidir no seguir ni sola ni asociada, es una definición que requiere un formidable apoyo político, y no menor coraje.

Estos razonamientos no conducen para nada a desvalorizar el próximo acto electoral. Todo lo contrario, lo que se hace es resaltar el carácter simbólico del mismo. Allí lo que se juega es el segundo gran enfrentamiento entre el sistema político tradicional y la desafiante izquierda, entre un incumbent conformado por colorados y blancos y un challenger sustentado básicamente en el Frente Amplio. En el balotaje de 1999 hubo un empate político: los partidos tradicionales ganaron la votación y conservaron el gobierno, la izquierda alcanzó su máximo histórico y quedó a escasos puntos de la victoria, lo suficientemente cerca como para avizorar un posible éxito al cabo de cinco años. Ahora en diciembre es muy difícil el empate. Porque el frenteamplismo y aliados llegan con una intención de voto presidencial en torno al 50% del electorado nacional, producto de tres grandes elementos: a) una acumulación histórica de la izquierda tradicional, más cualitativa que cuantitativa, que llevó dos tercios de siglo; b) una acumulación de la nueva fuerza del Frente Amplio a lo largo de 30 años; c) el formidable empujón dado por la gran crisis del año pasado. La votación del balotaje, el viento a favor de estos años, el quiebre de la confianza mayoritaria en las conducciones históricas, todo eso es lo que recogen las encuestas. Y la izquierda tiene el formidable desafío de corroborarlo en las urnas. La no corroboración no se va a leer que las encuestas se equivocaron (que nunca faltará un cristiano para ese baile) sino que se leerá que el gran envión se terminó y que no está echada la suerte del futuro gobierno. Si en cambio se confirma la fuerza de la izquierda y logra superar holgadamente el 50%, los partidos tradicionales en su conjunto (y el Partido Colorado en particular) van a resultar golpeados. Hay muy poco espacio para un empate. Por eso es una batalla simbólica, no en la acepción de batalla sin sentido, sino en que se juega otra cosa distinta a la formalmente planteada, porque la votación de diciembre simboliza un preámbulo de las elecciones de octubre y eventualmente noviembre del año venidero. El 7 de diciembre hay una primera cruz de los caminos.