La agenda del nuevo gobierno

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Los principales economistas coinciden en que el próximo gobierno tiene ante sí un camino económico que le otorga escasa flexibilidad. De la misma manera hay una agenda política que en cuanto a los temas sustantivos puede considerarse trazada y es relativamente independiente del resultado de la elección.

Los principales economistas coinciden en que el próximo gobierno tiene ante sí un camino económico que le otorga escasa flexibilidad. De la misma manera hay una agenda política que en cuanto a los temas sustantivos puede considerarse trazada y es relativamente independiente del resultado de la elección. Constituye una agenda de políticas y desafíos de Estado, cuyo encare tendrá que hacer el gobierno que se viene, pero cuya concreción y cuyos resultados van a trascender el corto lapso de un periodo de gobierno, y puede llevar inclusive más de dos.

En los años noventa la agenda para América Latina y para el grueso de la Europa Occidental tuvo los componentes que diez años antes se plantearon en Estados Unidos, Reino Unido y Chile. Los puntos centrales fueron: el mayor peso al mercado en detrimento del Estado mediante privatizaciones, desregulaciones, desmonopolizaciones y tercerizaciones; la apertura externa; la reducción de la inflación; la disminución de los déficits presupuestales.

En general los temas pasan a ser ineludibles en la agenda cuando la mayor parte del sistema político está de acuerdo con el planteo del tema y la orientación básica a imprimir. Pero además cuando ese acuerdo es trasladado a y compartido por el grueso de la sociedad. Y como añadido nada menor, cuando el mismo es impulsado por los organismos internacionales de financiamiento.

Puede decirse que la reducción de la inflación y el equilibrio presupuestal son dos puntos que sobreviven de la agenda pasada, sin perjuicio de que su cumplimiento es discutible, particularmente el segundo punto; más aún, puede decirse que cuanto mayor poder tiene un país, más se aleja del cumplimiento de esa meta, y para ejemplo sirven Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, el incumplimiento es considerado una falta: no se discute la conveniencia del equilibrio presupuestal, del nulo o reducido déficit. Es una diferencia con décadas pasadas en que el déficit fiscal fue considerado per se una virtud.

La apertura de la economía en general no sufre demasiados cuestionamientos teóricos, sino más bien lo que se cuestiona es por qué a unos se exige abrirse y los más poderosos no lo hacen. En el caso concreto de Uruguay los cuestionamientos apuntan a: la falta de confianza en los vecinos ante diversos actos que en los hechos sabotearon el Mercado Común (devaluaciones, trabas administrativas o judiciales al ingreso de mercaderías), la falta de liberalización tanto del mercado norteamericano como el de la Unión Europea, el exceso de apertura por vía de la sobrevaluación del peso uruguayo frente a las principales monedas (1992-1999). En definitiva, lo que está en cuestionamiento no es la apertura, sino lo que muchos actores denominan la apertura indiscriminada; es pues más un tema de énfasis que de esencia.

Diferente es el caso de la discusión sobre el tema del Estado y el mercado. En la década de 1990 el discurso dominante en las elites y en los organismos internacionales asoció libertad de mercado a crecimiento económico, y también asoció crecimiento económico a crecimiento social. Es muy misterioso el proceso de la historia, pero fascina ver cómo en tiempos más cortos o más largos se observa un péndulo en las concepciones. Y si el movimiento del péndulo llevó hace 10 años al mayor extremo posible del libremercado (muy fuerte en Argentina, apenas perceptible en Uruguay o Francia), parece que tras tocar el extremo camina en la dirección contraria. El tema es más claro en relación al papel del Estado. Ya no se traza con la misma fuerza la sinonimia de que cuanto menor es el Estado, mayor es el dinamismo económico. Ahora aparece con fuerza un discurso que más que priorizar la desestatización, enfatiza en la eficacia del Estado. Este nuevo discurso se centra no en cuánto se achica el Estado, sino en cómo se lo hace más eficaz y más eficiente, cómo se asignan mejor los recursos y cómo se los gestiona mejor. En tal dirección es relevante el documento del Banco Mundial titulado “Keeping the Promise of Social Security in Latin America” (Manteniendo la Promesa de la Seguridad Social en América Latina), elaborado por los funcionarios Indermit Gill, Juan Yermo y Truman Packard, presentado en un seminario reservado en Catargena, Colombia. Documento que cuestiona el resultado de los fondos privados de pensiones y hace el llamado a la necesidad de retornar a un fuerte papel público en la materia.

Así como en los periodos más libremercadistas hubo políticos, pensadores y teóricos que se mantuvieron fieles a los principios del Estado fuerte y benefactor, sin duda en el próximo tiempo habrá espacio para la lucha de parte de políticos, pensadores y teóricos partidarios del libre mercado. Pero el péndulo ha cambiado, y al menos en América Latina favorece al retorno a un fuerte papel del Estado, siempre que este Estado se reforme. Las palabras “Reforma del Estado” en la década pasada quisieron decir achicamiento del Estado, privatizaciones, tercerizaciones, desregulaciones, desmonopolizaciones. En el tiempo que viene esas mismas palabras apuntarán más a la eficiencia y eficacia que al tamaño del Estado o a las funciones del mismo.

Y ligado a esto, aparece también el tema, promovido con mucha fuerza desde los organismos internacionales (en particular el Banco Mundial y el BID), de políticas sociales activas y eficaces, destinadas a combatir y reducir la pobreza, y en unos países reducir la brecha social y en otros evitar que aparezca una brecha insalvable. Se abandona la idea que el crecimiento económico es un factor previo a la equidad social y por sí sola generado de la misma.

Estos temas de agenda van más allá de la voluntad, del gusto y hasta de las ideas de partidos y dirigentes, y surgen más bien como el camino necesario a transitar, precisamente porque es el camino que obtiene el mayor apoyo en la sociedad, en las dirigencias políticas y en los organismos internacionales. Abonado, en el caso de Uruguay, por una sociedad que nunca dejó de tener un firme apego al fuerte papel del Estado (7 de cada 10 personas caben en esta categoría), aunque también caminó bastante en cuanto a exigirle a ese Estado mayores niveles de eficacia.