La difusión de las elecciones

Oscar A. Bottinelli

El Observador

En el correr de la semana surgió la preocupación por el cómo, cuándo y dónde de la difusión de los resultados electorales. En estos casos, como bien aconsejaba Perogrullo, conviene empezar por el principio.

En el correr de la semana surgió la preocupación por el cómo, cuándo y dónde de la difusión de los resultados electorales. En estos casos, como bien aconsejaba Perogrullo, conviene empezar por el principio. El tema trata de varias cosas: Uno, con qué rapidez la sociedad exige tener idea de qué escenarios construyen las elecciones. Dos, qué técnica se utiliza para divulgar esos escenarios. Tres, quién debe dar el dato, si institutos privados o agencias estatales, y en caso de ser estatal, si la propia autoridad electoral u otra entidad. Cuatro, derivado del anterior, cuál es el rol de la Corte Electoral.

En cuanto a lo primero, parece claro que en la era de la información en tiempo real, en la época del cable, el celular, el mail, internet, GSM y otras yerbas, la sociedad no acepta estar a la espera del resultado entre 12 y 18 horas. Va contra el sentido común. Lo esperable es de 1 a 3 horas desde el cierre general de las urnas (fue la media de 25 países en las pasadas elecciones del Europarlamento). Entonces, debe haber alguien en algún lugar y que por cierto procedimiento lo asegure.

En cuanto a lo segundo hay tres técnicas básicas:

Uno, la acumulación de datos, que es absolutamente confiable tan solo cuando se llega al 99.5% de los circuitos. Mientras no se llega a ese nivel, los datos parciales generan gran confusión, como en 1994 en que ganó el Partido Colorado y los datos acumulados dieron por delante al Partido Nacional hasta 10 horas después de cerrada la votación. El otro inconveniente es su lentitud, pues lleva de 10 a 18 horas el completar la información.

Dos, la proyección de escrutinio (results project), es decir la tabulación de un cierto número de votos abiertos y contados en una muestra de circuitos (generalmente una muestra que va del 2.5% al 3% del total), técnica que como se vio hace una semana es de alta precisión y es de uso privilegiado en los países de la Unión Europea.

Tres, la encuesta a boca de urna (exit-poll) que sirve tan sólo de orientación y que cuando fue empleado aquí como proyector de resultados generó anuncios profundamente equivocados.

El tercer y cuarto tema obligan primero a dirimir cuál es el rol de la Corte Electoral. En Uruguay ha habido dos tesis. La dominante hasta abril de 1999 era que la Corte debía ser nada más y nada menos que el que asegura el perfecto funcionamiento de las elecciones, la trasparencia de las mismas, conoce oficialmente de los resultados, atiende las apelaciones, falla las mismos, evalúa los datos, emite el veredicto sobre todas y cada una de las votaciones, y proclama a los electos. En esta concepción, la Justicia Electoral habla una sola vez y para siempre: dice el resultado final y sin apelaciones. La otra tesis, vigente desde octubre de 1999, es que la Corte Electoral añade a sus funciones tradicionales la acumulación provisoria de datos de los circuitos de votación, difunde esos resultados acumulados y, en consecuencia, habla dos veces: una provisoria y sujeta a rectificación, que es cuando difunde datos provisorios del escrutinio primario, y habla una segunda vez, con la majestad de la Justicia Electoral, cuando dice el resultado final y sin apelaciones. En la tesis vieja, la Corte estaba salvo de toda acusación de manipulación por la forma de emisión de datos parciales o por los retrasos en la divulgación de los números, ya que solo intervenía como juez y nada más que como juez. En la tesis nueva, la Corte corre el riesgo de desdecirse, lo que es grave para un órgano jurisdiccional. A favor de la tesis actual se maneja que un órgano que da garantía de imparcialidad en las elecciones, es el más adecuado para dar garantía en la forma y la oportunidad de divulgar los datos primarios y provisorios. Este es un primer tema a debatir.

De no ser la Corte Electoral ¿quién? ¿estatal o privado? La experiencia uruguaya indica tres maneras de difundir los resultados, dos estatales y una privada:

Una, a través del Poder Ejecutivo (Ministerio del Interior), que usó siempre la acumulación de datos (nada impide que emplee le proyección de escrutinio). Dejó de hacerlo por la enorme tardanza en dar los resultados, por la confusión generada en la gente al presentar tendencias erróneas y finalmente porque directamente colapsó.

Dos, a través de otra entidad estatal, como por ejemplo la Universidad de la República, lo cual a priori parece la solución técnica perfecta. Pero hay un detalle que pone en duda esta solución perfecta: la única vez que la universidad estatal incursionó en estas tareas tuvo un pequeño desperfecto: anunció el triunfo del tercero.

Tres, a través de la proyección de escrutinio de institutos o empresas privadas, cuya eficiencia fue probada el domingo pasado, pero además en tres oportunidades en 1989, una en 1992, otra en 1994, una en 1996, tres en 1999, una en 2000 y otra vez el pasado 27 de junio. Entonces, en materia de rapidez y rigurosidad Uruguay ha encontrado la solución perfecta.

La Corte puede y debe agilizar la acumulación de datos, y para ello debe avanzar en la informatización de la quinta acta, la de escrutinio, es decir, su elaboración en computadoras en los propios circuitos y su trasmisión on line. Pero aún así jamás podrá acortar los plazos para llegar a los tiempos de las proyecciones de escrutinio.

Lo discutible entonces no es si la solución uruguaya es buena, porque lo es, sino si es conveniente o aceptable que esté en manos privadas. El debate entonces es el mismo de toda privatización de un servicio público, protagonizado en el reciente plebiscito sobre el agua, entre quienes impulsan la iniciativa privada y quienes postulan la estatización. Es pues otra arista del clásico debate entre lo estatal y lo privado. Como siempre hay soluciones intermedias y al respecto cabe citar el ejemplo de México, en ocasión de la transición del 2000: el Instituto Federal Electoral, con el apoyo de Naciones Unidas, contrató cuatro institutos o empresas de opinión pública para hacer proyecciones de escrutinio y contrató además a un quinto instituto con la finalidad de consolidar y evaluar los datos. Una vez consolidados y establecidos los márgenes de error, el presidente del IFE hizo el anuncio: Fox fue electo presidente. Como se ve, una entidad estatal tercerizó la prestación del servicio. Puede ser una solución para el caso uruguayo, aunque subsiste la duda si la Corte Electoral debe inmiscuirse en la difusión de datos provisorios y primarios, y efectuar proclamaciones anticipadas con valor comunicacional, o solo debe decir el resultado final e inapelable, cual corresponde a la máxima autoridad de la Justicia Electoral. Y si no es la Corte Electoral ¿qué entidad estatal puede encontrarse que otorgue la misma garantía e imparcialidad que da la Corte? Es todo un dilema. Mientras no se resuelva, o se acepta lo que acaba de ocurrir o se lleva al Uruguay a los tiempos de la lámpara de quinqué, si es que la sociedad aguanta eso.