Justicia, política y corporación

Oscar A. Bottinelli

El Observador

El “Caso Maykol Cardozo” finalmente ha devenido en un fuerte conflicto donde se entralazan la Justicia (entendida no como un ideal sino como el prosaico funcionamiento del Poder Judicial), la político y el corporativismo (en sentido conceptual general y además en este caso un corporativismo de peso particular en el país, como lo es el corporativismo médico).

El “Caso Maykol Cardozo” finalmente ha devenido en un fuerte conflicto donde se entralazan la Justicia (entendida no como un ideal sino como el prosaico funcionamiento del Poder Judicial), la político y el corporativismo (en sentido conceptual general y además en este caso un corporativismo de peso particular en el país, como lo es el corporativismo médico).

La política se entrecruza en diversos aspectos y ámbitos con el sistema judicial, pero en la última década ha sido especialmente relevante la fuerte relación entre la acción política y el sistema judicial, de donde han surgido dos fenómenos: la judicialización política y la politización judicial. La judicialización política puede definirse como la actuación del sistema judicial con fines u objetivos de carácter político, entre los cuales se cuenta el congraciarse con la opinión pública dominante o actuar al compás de los vientos políticos que predominan en la sociedad. La politización judicial cabe definirla como la actuación del sistema política sobre el sistema judicial (el ejemplo más elocuente es Argentina) o como variante, cuando el sistema político pretende dilucidar el disenso político en el escenario judicial. El corporativismo, en cambio, ha estado bastante más libre de cruces con el sistema judicial; el más fuerte sin duda ha sido el corporativismo militar que ha resistido en las últimas dos décadas el regular funcionamiento del sistema judicial ordinario, pero también han aparecido algunos actos de resonancia corporativa en protesta contra (y en presión sobre) la magistratura por parte de algunos gremios. Cabe precisar que en todos esos casos la connotación política estaba ínsita en los procesos judiciales: de los militares, porque el objeto de las causas tiene que ver con hechos derivados del ejercicio del poder político por parte de las instituciones militares; de los gremios, porque se trataron de procesos relacionados con opiniones y no con actos, y los delitos en juego tuvieron que ver con la difamación o el desacato, delitos que si no se hila muy fino se puede terminar en la censura a la libertad de expresión.

Este quizás sea el primer caso en que hay un choque corporativo con el sistema judicial por una acción de la Justicia Penal sobre hechos en que nada interviene la libertad de expresión, ni los derechos gremiales, ni la libertad de prensa, ya que de lo que se trata es de si hubo actos u omisiones de determinadas personas que derivasen o no en la muerte de un adolescente. Claramente aquí no hay un problema de militares, transportistas, médicos o periodistas, sino que de un lado hay un muerto y del otro personas a las que se acusa de haber facilitado esa muerte, que por las circunstancias del caso son médicos; pero no son los médicos ni el gremio médico el que está en el banquillo de los acusados.

La corporación médica reaccionó de una manera esperable acorde a la propia valoración de sí misma, con una concepción estamental. Es clara su resistencia a todo tipo de acción judicial respecto al ejercicio de la profesión y ha resistido el desarrollo que viene teniendo en el país el mecanismo de las demandas civiles por responsabilidad médica. En lo que se ha anotado un punto, ya que obtuvo una ley (que no rige para la responsabilidad civil de otras profesiones) que pone tope a las indemnizaciones. Es conocido además el propósito de colegialización obligatoria, que en esencia supone el control de la profesión por la propia corporación: ella otorga y quita la habilitación, al margen del Estado y de los legos, la corporación juzga y sanciona. Es una concepción estamental de la profesión médica, que no difiere de la concepción estamental de la profesión militar que se expuso durante el periodo de facto. Esa concepción estamental es lo que deriva en una protesta.

La política se cuela por varios lados. Por el lado de la opinión pública, que de manera notoria está incidiendo en este caso y, quiéralo o no el juez actuante, debe estar incidiendo sobre su espíritu. El que la opinión pública incida es per se un hecho político, sin que ello signifique que tiene una connotación ideológica o partidaria.

El que los procesados tengan que ver con la actuación en el ámbito de la Universidad de la República aparece inicialmente como un hecho con connotaciones políticas, que las tendrá o no si la causa va más allá y ahonda en las responsabilidades habidas en el ámbito del Ministerio de Salud Pública. También se cuela por la acción de la gremial médica y de las autoridades universitarias, ya que sus acciones en este caso son en sí misma acciones políticas.

Pero la política se ha colado por otros dos lados. Uno es la casualidad que el abogado defensor de los médicos procesados sea el secretario de la Presidencia de la República del gobierno electo; y esto, por más que sea en el más privado ámbito del ejercicio de la profesión de una de los más reputados penalistas del país, es un hecho político y que puede ser visto y sentido por unos como protección política y por otros como presión política. Es muy delicado el ejercicio privado de determinadas profesiones por parte de quienes ocupan cargos de relevancia en el gobierno, este problema se ha visto en gobierno anteriores, en el gobierno saliente y despunta en el gobierno entrante. El segundo lado por el que se cuela la política es por la posición corporativista asumida por los dos médicos designados como ministro y subsecretario de Salud Pública del gobierno electo. Esta parte va más allá del “Caso Maykol Cardozo”, ya que implica la primera señal de cómo piensan posicionarse las nuevas autoridades de Salud Pública en relación a las corporaciones; deliberadamente o inadvertidamente la señal ha sido de un fuerte compromiso con el sentir corporativo, en particular con el de la corporación médica. Y este es un tema altamente sensible, pues no es indiferente para el ciudadano de a pie si la máxima autoridad del Estado asume un papel neutro o asume un papel de parte, y como parte deja al ciudadano de a pie sin protección, es decir, doblemente de a pie.

Se ha abierto un camino donde las señales que den de aquí en adelante los actores van a ser muy relevantes para el país, más allá del “Caso Maykol Cardozo”. Cuánto los jueces actúan con equidad, cuánto se subordinan a presiones políticas o corporativas, cuánto los seduce actuar acordes con las demandas de la opinión pública. Cómo se posiciona la corporación médica ante la posibilidad de que sus miembros sean juzgados por no médicos, cómo aceptan la subordinación al sistema judicial y cuánto aceptan que los ciudadanos comunes se alcen contra los errores médicos. Y finalmente cómo se posiciona el nuevo gobierno y en particular las autoridades de Salud Pública en relación a las corporaciones de la salud en general, a la corporación médica en particular, y al conjunto de los ciudadanos.