Culpable por sospecha

Oscar A. Bottinelli

El Observador

“Guilty by Suspicion” es el título del filme de Irwing Winkler sobre las persecución maccartyhista en Estados Unidos entre mediados de los pasados años cuarenta y mediados de los pasados años cincuenta. La culpabilidad por sospecha es algo que se ha ido instalando en el Uruguay o se ha reforzado, o ha revivido, en la última década, no en base a ideologías sino a comportamientos éticos. La mera denuncia se transformó en elemento de culpabilidad y además en inversión de la carga de la prueba: “demuestre que Vd. es inocente” y si aparecen indicios de inocencia, la sospecha puede continuar sobre la base de “no se mostró todo lo mostrable y siempre quedan cosas ocultas”.

“Guilty by Suspicion” es el título del filme de Irwing Winkler sobre las persecución maccartyhista en Estados Unidos entre mediados de los pasados años cuarenta y mediados de los pasados años cincuenta. La culpabilidad por sospecha es algo que se ha ido instalando en el Uruguay o se ha reforzado, o ha revivido, en la última década, no en base a ideologías sino a comportamientos éticos. La mera denuncia se transformó en elemento de culpabilidad y además en inversión de la carga de la prueba: “demuestre que Vd. es inocente” y si aparecen indicios de inocencia, la sospecha puede continuar sobre la base de “no se mostró todo lo mostrable y siempre quedan cosas ocultas”. Cuando se instala un clima de culpabilidad por sospecha, la sospecha tiende a prevalecer sobre los hechos. El principio básico que rige las sociedades modernas de que todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, se sustituye por el principio de que todo individuo es sospechoso hasta que se demuestre convincentemente y fuera de la más mínima duda que es inocente.

Ahora el país se encuentra al borde de entrar en la culpabilidad por sospecha basada en hechos relacionado con lo político. El gobierno designó al capitán de Navío (R) Ernesto Serrón como miembro de la delegación uruguaya en la la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), lo cual generó el cuestionamiento del PIT-CNT y del Servicio de Paz y Justicia, que consideran que el marino militar es un violador de los derechos humanos. Cerca de dos décadas atrás, el ex marino militar Daniel Rey Piuma acusó a Serrón de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y días atrás ratificó sus dichos desde Europa. Familiares de Detenidos-Desaparecidos y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay consideran que el de Rey Piuma es un testimonio aislado y que ello no basta.

Como se demostró al fin de la segunda guerra mundial en países o zonas ocupadas por la Alemania nazi, o durante el régimen soviético, o bajo el nazi-fascismo, las denuncias de colaboración con el enemigo, o de actividades subversivas, muchas veces son ciertas o parten de indicios correctos, pero otras veces son el producto de cuentas a cobrar, de rencillas de vecindario, de envidias y celos. Pero también en esos tiempos y lugares, muchos verdaderos colaboracionistas escaparon a toda sanción por la falta de testimonios creíbles, o por la existencia de algún testimonio aislado a su vez sospechoso de recelos o envidias.

En materia de violaciones a los derechos humanos en Uruguay han ocurrido dos cosas diferentes, analizadas desde el ángulo del juzgamiento social. Hubo miembros de grupos guerrilleros que mataron, secuestraron o infligieron tratos reñidos con lo valores humanos, esas personas fueron presas y cumplieron su pena (aunque la pena se hubiese dada por cumplida anticipadamente por haber a su vez sido víctimas de violaciones a sus derechos por parte del Estado) o fueron amnistiadas, pero luego de haber sido juzgadas, condenadas y sometidas a prisión. Algunas pocas sí al amparo de la amnistía escaparon al funcionamiento regular de la Justicia (entendida como órgano estatal encargado de la aplicación de la ley). De esas personas algunas ocupan importantes cargos de gobierno o parlamentarios. Pero se sabe qué hicieron, por qué lo hicieron y qué efectos tuvo sobre sus vidas lo hecho. No hay juicios por sospechas sino en base a realidades.

Del otro lado, del lado de las fuerzas que portan armas en nombre del Estado, sean militares o policiales, no hubo investigación ni juzgamiento, y por tanto tampoco condena ni prisión. Hubo una amnistía (con la peculiar figura de hacer caducar la pretensión punitiva del Estado) a priori de investigaciones y juicios. Por otro lado el Estado, fundamentalmente a través de la Comisión para la Paz, probó y documentó la existencia de violaciones a los derechos humanos durante el periodo de facto. Anteriormente – circa 1970 - una comisión investigadora parlamentaria había probado la existencia de torturas en la esfera policial. Pero si bien se probaron los hechos, violaciones a derechos humanos, muertes, torturas, desapariciones, no se probó quiénes fueron.

Precisamente esa falta de indagaciones oficiales hace que las investigaciones privadas - las recopilaciones de denuncias por grupos políticos o sociales, los testimonios privados - ocupen el lugar vacío de las indagaciones oficiales. Entonces según lo que cada quién crea o deje de creer, se emitirán los juicios privados de culpabilidad o inocencia. En este caso al capitán Serrón le tocó ser considerado culpable o pasible de culpabilidad por el PIT-CNT y Serpaj, y no culpable o no probadamente culpable por Familiares y IELSUR. Y cada ciudadano de a pie, y cada miembro del gobierno, dictará su veredicto íntimo o dirá “no sé”.

En principio Uruguay optó por la amnistía, que quiere decir olvido y perdón. Es una opción política. En general las sociedades no optan por el perdón en base a consideraciones axiológicas. Lo común es que la opción venga dada por el más crudo sentido común producto de observar y calibrar la realidad. El perdón se impone sobre la justicia cuando el costo de la justicia es mucho más oneroso que el perdón. O porque se sale de una guerra, guerra civil, seudo guerra o dictadura sin que haya un bando rendido incondicionalmente o porque aunque esto ocurra, los desafíos del inmediato futuro obligan a tal concentración de esfuerzos que estos se anteponen al deseo de justicia, o de venganza. Pero el olvido y el perdón tienen su precio, y es que el Estado puede olvidar y perdonar, pero siempre va a haber personas que van a buscar preservar la memoria. Y unos muchos o unos pocos tratarán de imponer el juicio y la condena sociales, que supla al juicio y la condena jurídicas, con el costo de que el juicio social puede ser certero o falso, justo o injusto, por certificación de hechos o por mera sospecha.