Lo que trae el segundo vuelo

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Para la memoria histórica de la sociedad uruguaya son de alta trascendencia los informes que el lunes entregaron al presidente de la República los comandantes en jefe de las tres fuerzas armadas, y esa trascendencia es desde dos ángulos: el reconocimiento de que en las unidades militares se torturó a detenidos y 26 de ellos murieron en dichas torturas; y además la divulgación que la Fuerza Aérea hizo un segundo vuelo para el traslado de detenidos en Argentina.

Para la memoria histórica de la sociedad uruguaya son de alta trascendencia los informes que el lunes entregaron al presidente de la República los comandantes en jefe de las tres fuerzas armadas, y esa trascendencia es desde dos ángulos: el reconocimiento de que en las unidades militares se torturó a detenidos y 26 de ellos murieron en dichas torturas; y además la divulgación que la Fuerza Aérea hizo un segundo vuelo para el traslado de detenidos en Argentina.

El reconocimiento de que el Estado fue responsable de la violación de derechos humanos durante la dictadura y la pre-dictadura tuvo a nivel oficial tres etapas. Primero fue el 1° de diciembre de 1986, en el Edificio Independencia, cuando los comandantes de las tres fuerzas declararon que las Fuerzas Armadas en dicho periodo “perdieron los puntos de referencia”, declaración hecha ante el presidente Julio Ma. Sanguinetti y los líderes partidarios Wilson Ferreira Aldunate, Liber Seregni y Humberto Ciganda. El segundo fue en abril de 2003, cuando la Comisión para la Paz confirmó oficialmente la práctica de la tortura a nivel militar y policial, y la muerte de personas a consecuencia de dichas prácticas. El tercer reconocimiento fue el del lunes pasado. Sin embargo, el que se haya centrado el debate público y las indagaciones en el tema de los detenidos-desaparecidos, deja un importante vacío en cuantificar y personalizar a las demás víctimas: varios millares de torturados, muchas decenas de muertos en unidades militares o prisiones especiales. Porque lo que más hubo en Uruguay fueron personas detenidas o presas, individualizadas, contadas y que más tarde o más temprano, con más dolor o menos dolor, devinieron libres; y en cuanto a muertes con responsabilidad de las fuerzas del Estado, la mayor cantidad fue de personas cuya defunción fue certificada y su cuerpo entregado, desde Luis Carlos Batalla hasta Vladimir Roslik.

El tema del vuelo es de suma trascendencia. Hasta ahora se había concluido que la dictadura uruguaya había sido muy dura en cuanto a sus propósitos totalitarios, entendidos como su afán de controlar minuciosamente todos los actos públicos y privados de cada uno de los tres millones de habitantes. Que el número de personas presas o detenidas marcó uno de los ratios más altos per cápita de las últimas décadas a nivel del mundo occidental. Que la proporción de torturados también fue sustancialmente elevada. Pero que había existido una barrera que marca una clara diferenciación con Argentina: el respeto a la vida. La tesis generalmente admitida era: los muertos fueron tales por accidente, es decir, porque hubo excesos en la tortura (aunque siempre se sospechó de algún caso en que la muerte pudo ser deliberadamente provocada, y además quedó el episodio no aclarado oficialmente de los cinco muertos tirados sobre la carretera en las proximidades de Soca, Canelones). Al despuntar el segundo semestre de 1976 hubo un primer vuelo de la Fuerza Aérea que - en el marco de los pocos formales procedimientos de la época - trajo a personas detenidas en Argentina. Eso estaba comprobado, reconocido y contabilizado, así como la suerte de esas personas, incluidas liberaciones y hasta indemnizaciones por unos cuantos aceptadas y por otros rechazadas.

Ahora se reconoce que hubo un segundo vuelo en octubre de 1976 que según la Fuerza Aérea fue en cumplimiento de una misión de apoyo a la labor del Ejército, lo cual quiere decir en buen romance que para los aviadores fue por cuenta, orden y responsabilidad de la fuerza de tierra. Estas personas podrían ser alrededor de 30, también podrían ser los otros detenidos-desaparecidos que estuvieron sumergidos en “Automotora Orletti” de Buenos Aires, parecería que todos están muertos y dificilmente se puede sostener que murieron todos y al unísono por un mismo exceso en los procedimientos. De ser así este segundo vuelo viene a confirmar las tesis sostenidas largamente por algunos grupos políticos y de derechos humanos en dos sentidos: que el número de desaparecidos en Uruguay es mucho más que 26 (sería más del doble) y que así como hay muertes por excesos en el trato hay muertes que todo hace presumir que fueron deliberadamente provocadas. Se abre un nuevo capítulo de investigación – no solo ni tanto desde el punto de vista del accionar judicial o de la responsabilidad de personas– sino del esclarecimiento de lo ocurrido, de la construcción de la memoria histórica de un pueblo. Por las dudas una aclaración: no debe confundirse el tema de los desaparecidos en Uruguay, que es un asunto, con el de los uruguayos desaparecidos en toda la región, que es otro tema (la discrepancia entre la cifra de 26 y la de más de centenar y medio no es un problema de cómputos, sino de conceptos en la clasificación).

Si los informes de los comandantes fueron de enorme trascendencia para caminar hacia el último fin de la transición, también abrieron nuevas interrogantes que va más allá de casos y personas concretas y permiten avizorar que hubo procedimientos y límites diferentes a los generalmente admitidos.