Un descaecimiento de los partidos

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Uruguay es una de las viejas democracias basadas en partidos, o más exactamente una de las más antiguas poliarquías partidocéntricas, donde los partidos políticos cumplen una función central tanto en la articulación política y estatal, como en la articulación de la sociedad en su conjunto. La pertenencia partidaria, además, es sustantivamente alta: dos de cada tres personas se consideran frenteamplistas, blancas o coloradas (no adhieren a, sino que son), mientras ocho de cada diez personas tienen una inclinación de voto absolutamente firme hacia un partido político, sostenido además a lo largo de varias elecciones[...]

Uruguay es una de las viejas democracias basadas en partidos, o más exactamente una de las más antiguas poliarquías partidocéntricas, donde los partidos políticos cumplen una función central tanto en la articulación política y estatal, como en la articulación de la sociedad en su conjunto. La pertenencia partidaria, además, es sustantivamente alta: dos de cada tres personas se consideran frenteamplistas, blancas o coloradas (no adhieren a, sino que son), mientras ocho de cada diez personas tienen una inclinación de voto absolutamente firme hacia un partido político, sostenido además a lo largo de varias elecciones. Por otra parte, estudios realizados en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República (Facultad de Ciencias Sociales) demuestran una elevada disciplina parlamentaria dentro de los partidos políticos.

Diversas muestras complementarias permiten sostener que desde la restauración institucional a la fecha, el fenómeno que más afectó a los partidos políticos en el periodo gubernativo o interelectoral no fue la indisciplina, sino las discrepancias sectoriales, es decir, se manifestó una fuete disciplina a nivel de cada sector partidario, pero los sectores inicialmente no actuaron con homogeneidad partidaria. Pueden verse tres periodos. En el primero, que va de 1985 a 1988, hubo un alto funcionamiento partidario y bajo funcionamiento externo sectorial, que permitió al presidente Sanguinetti (primera administración) a efectuar frecuentes y reducidas reuniones de cúpula, con cuatro invitados (Tarigo por el Partido Colorado, Ferreira Aldunate por el Partido Nacional, Seregni por el Frente Amplio y Ciganda por la Unión Cívica). En el segundo periodo (presidencia de Lacalle) prevalece el funcionamiento sectorial, evidenciado en el Partido Nacional en el posicionamiento de un senador en la oposición y a partir de 1992-93 un importe rechine entre las dos fracciones mayoritarias, el Herrerismo y el Movimiento Nacional de Rocha; pero más fuerte fue en el Partido Colorado, con una parte en el gobierno (los grupos liderados por Batlle Ibáñez y Pacheco Areco) y otra parte (liderada por Sanguinetti) a veces en apoyo al gobierno (pero fuera de él) y a veces en la oposición (como cuando el referendo sobre la Ley de Empresas Públicas, que apoyó su derogación). (En una convocatoria del presidente a todo el sistema político, la foto registra 13 personas representando a 13 fracciones). En el tercer periodo (a partir de 1995, administraciones Sanguinetti bis, Batlle Ibáñez y Vázquez) se restableció el funcionamiento de los partidos en tanto tales en detrimento del juego fraccional; o dicho de otra manera, el juego fraccional se realizó al interior de los partidos y el funcionamiento como partido en el juego interpartidario. Así ocurrió y ocurre en los periodos gubernativos o interelectorales, y en las temáticas gubernativas.

Otro cantar es en lo electoral. Hasta las elecciones de 1994 (desde 1920) el Poder Ejecutivo fue elegido mediante el sistema del Múltiple Voto Simultáneo (Triple Voto Simultáneo para presidente de la República y Consejo Nacional de Administración en la Constitución de 1918; Doble Voto Simultáneo para presidente de la República en las constituciones de 1934, 1942, y 1967, y para Consejo Nacional de Gobierno en la de 1952). Se consideró, tanto desde el ámbito político como desde el académico, que el Múltiple Voto Simultáneo, al permitir más de una candidatura al Poder Ejecutivo por partido, debilitaba el funcionamiento como partido y alimentaba el funcionamiento fraccional; lo usual fue de dos a tres candidaturas en los dos lemas principales (de colorados y de blancos). Hacia la reforma que consagró la carta magna vigente (desde 1997) se caminó hacia la eliminación de este sistema y sus sustitución por la candidatura única por lema para el Poder Ejecutivo, en el entendido que ello robustecía a los partidos políticos y subsumía el juego fraccional. Curiosamente esta medida ocurre cuando el funcionamiento fraccional había descaecido y se operaba en una muy fuerte coalición de gobierno bipartidista, con la plena participación de los dos partidos mayores.

En cambio, en el ínterin se fue evidenciado el fenómeno del debilitamiento primero y la desaparición después de las grandes corrientes institucionales, de baja o nula personalización, como el viejo grupo batllista conocido como “La Lista 14” o más modernamente el Movimiento Nacional de Rocha en el Partido Nacional. Además, la vida de los sectores pasó a ser cada vez más efímera, al punto de contabilizarse en los partidos tradicionales una mayoría de fracciones de duración no superior a una elección.

Pero el remedio que pretendió la reforma de 1996-97 no fue tal, pues no se percibió que el conjunto de la ingeniería creada apuntaba en sentido opuesto: a la mayor personalización de las fracciones, a lo contingente de su duración en función de los éxitos o fracasos de tan solo una elección, a la división obligada de los partidos de arriba abajo por imperio de diversas normas. A título de rápido e incompleto inventario, cabe mencionar entre los elementos que apuntan al descaecimiento de los partidos en cuanto al funcionamiento como tales:

Uno. La elección presidencial a tres vueltas, donde en la primera de ellas (de donde surge el candidato único de cada partido) la competencia se realiza en forma abierta en todo el electorado nacional y se centraliza en personas singulares. La autoridades partidarias no tienen rol alguno y la candidatura unipersonal domina por sobre lo demás.

Dos. El efecto sobre la opinión pública ha sido de subsumir las elecciones parlamentarias y llevar al electorado a la convicción que en este país se elige una única persona para un único cargo, y que todos lo demás es accesorio (al punto que el propio Poder Ejecutivo actual y legisladores de nivel han elaborado proyectos de ley en que se considera que la función de los candidatos a senadores y diputados es apoyar a los candidatos presidenciales).

Tres. El que en esa primera vuelta (elecciones preliminares o mal llamadas “elecciones internas”) las listas de candidatos a los ODN (Organos Deliberativos Nacionales, vulgarmente denominados convenciones) deban necesariamente ir en una misma hoja de votación con tan solo un precandidato presidencial: ninguna persona puede ser candidato a la ODN en hojas con diferentes precandidatos presidenciales. Es decir, la ley obliga a los partidos a dividirse in totum, de arriba a abajo, en junio, en función de la competencia personalizada.

Cuatro. La forma en que de facto se ha interpretado un párrafo constitucional de disparatada redacción (segundo párrafo del artículo 88) que ha obligado a que una lista de candidatos a Representantes Nacionales debe acompañar necesariamente a una única lista al Senado, con lo que otra vez, ahora ya en la segunda etapa, en octubre, se obliga a los partidos a dividirse in totum, de arriba abajo.