De gobernantes y candidatos

Oscar A. Bottinelli

El Observador

¿Qué deben hacer los gobernantes cuando llegan las elecciones? ¿Deben o no ser candidatos? ¿Si son candidatos, deben o no continuar en los cargos de gobierno o administración? Estas preguntas corresponden a una discusión larvada en Uruguay, que nunca se ha planteado abiertamente, nunca se ha discutido de manera clara y profunda, sino que surge a través de cuestionamientos públicos, deadline trazados desde alguna autoridad o conductas de los propios gobernantes-candidatos.

¿Qué deben hacer los gobernantes cuando llegan las elecciones? ¿Deben o no ser candidatos? ¿Si son candidatos, deben o no continuar en los cargos de gobierno o administración? Estas preguntas corresponden a una discusión larvada en Uruguay, que nunca se ha planteado abiertamente, nunca se ha discutido de manera clara y profunda, sino que surge a través de cuestionamientos públicos, deadline trazados desde alguna autoridad o conductas de los propios gobernantes-candidatos.

Así pueden encontrarse tres grandes situaciones: Una, que se pida la renuncia de un intendente o un ministro por lanzar su candidatura o pre-candidatura a un cargo para el cual no tiene impedimento constitucional. Dos, que intendentes o ministros renuncien a sus cargos para ser candidatos o precandidatos. Tres, que un presidente exija a sus ministros que renuncien a sus cargos en determinada fecha si piensan lanzarse como candidatos o precandidatos.

Primero conviene despejar lo jurídico formal de las reglas no escritas. En lo formal en Uruguay existen tres tipos de prohibiciones en materia de candidaturas, o visto al revés dos tipos de deadline, de plazos estipulados para que los titulares de los cargos renuncien a los mismos para poder ser candidatos, o lisa y llanamente de impedimento de candidatura:

Uno. Cuando se trata de cargos cuyos titulares tienen prohibida toda actividad política por considerarse que su función requiere un equilibrio, ajenidad o neutralidad política o político-partidaria, como los magistrados los militares en actividad, los funcionarios policiales. En estos casos (con diferencias de detalle) se impone su cese tres meses antes del acto electoral.

Dos. Cuando se considere que el ejercicio de un determinado cargo puede crear condiciones desnivelantes del fair play electoral, con lo cual se obliga los obliga a renunciar o se impide la candidatura. Casos de los intendentes que deben renunciar sus cargos tres meses antes de las elecciones para postularse a la reelección o a diputado, o se impide al presidente de la República a ser candidato a diputado o a la reelección. En este caso entrarían también las prohibiciones para los directores de entes autónomos y servicios descentralizados para ser candidatos a senadores o diputados, a quienes se exige su renuncia con un año de antelación (basado en que dichos servicios cuentan con un poder clientelístico que los hace desnivelantes en la competencia electoral al interior de los partidos)

Las reglas no escritas pero consensuadas y aplicadas pacíficamente agregaron la conveniencia de que el ministro del Interior no fuese candidato a cargos electivos o inclusive que no fuese una figura perteneciente a las dirigencias políticas de las principales fuerzas en disputa (por ejemplo, la designación del cívico Dardo Regules como elemento de neutralidad en la triple competencia colorada de 1950).

Es decir, hay una plena coincidencia de la teleología de las reglas escritas y no escritas en que las únicas finalidades de los deadline y de los impedimentos es que no se afecte el fair play (no haya en las elecciones influencia indebida del poder) y no haya contaminación política de quienes deban estar ajenos a ella.

En cambio, los reclamos, decisiones o praxis de ahora apuntan a otra cosa: a entender que quien gobierna ejerce una influencia indebida por el solo hecho de la publicidad que le da el cargo, o desatiende sus obligaciones gubernativas o administrativas por dedicarse a la campaña electoral. En algunos casos hay un tinte de antipolítica, ya que de las explicaciones se trasluce cierta idea de que gobernar es puro y la política electoral es impura, o de que una campaña electoral nada tiene que ver con el gobierno, de donde quien hace algo sano (gobernar, administrar) no debe contaminarse con prácticas impuras (hacer campaña electoral).

Todo esto lleva también a reflexionar sobre la democracia política (la poliarquía), las elecciones y las campañas electorales. Un elemento esencial de la poliarquía lo constituye la elección de los gobernantes en elecciones libres y competitivas, mediante la confrontación de partidos y candidatos, que exponen y contraponen sus principios, ideas y propuestas, con la finalidad de obtener el apoyo de los electores, apoyo que se expresa a través de un mecanismo formal denominado voto. La confrontación de partidos y candidatos, las respectivas exposiciones y contraposiciones de ideas y propuestas, se realizan a través de un conjunto de métodos y medios, a lo largo de un periodo determinado, llamado campaña electoral. La campaña electoral es pues el periodo en que los actores políticos exponen sus propuestas con la finalidad de obtener el apoyo de los electores a fin de intentar llevar a la práctica esas propuestas. Además, las elecciones es el momento en que esos gobernantes y administradores presentan su balance al electorado para obtener su conformidad o su disconformidad.

Pero además del conflicto de fondo sobre el concepto de democracia y elecciones que se plantea con el tema, hay también un tema práctico: considerar que todo gobernante debe renunciar con anticipación para ser candidato supone que en cada lustro debe haber dos equipos de gobierno, que pueden considerarse el titular y el suplente, uno gobierna tres o cuatro años y el otro el tiempo que va desde el abandono del campo por el equipo titular hasta la asunción del otro equipo titular que emerja de las urnas. Y esto significa un nuevo achicamiento del tiempo útil de gobierno. Parecería que es una solución para etapas pacíficas y calmas de un país sin problemas, donde el gobierno se ejerce espasmódicamente tres años de cada cinco (o con suerte cuatro de cada cinco), y en los otros dos (o en el otro uno) se deja en manos de administradores suplentes, que a lo sumo van a continuar lo hecho por sus antecesores. Alguno podría suponer que es un gesto de soberbia el pensar que un país tan pequeño se puede dar el lujo de jugar con equipos dobles en el gobierno, más los equipos de relevo que quedan en la oposición.

Conviene ver la praxis en los países de alto desarrollo político, de democracias clásicas consolidadas y basadas en sistemas sólidos de partidos políticos, como toda Europa Occidental, Japón, India, Israel, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Allí los gobernantes siguen en funciones inclusive el mismo día de las elecciones. Nunca nadie vio renunciar para ser candidato, ni nunca nadie reclamó su renuncia por tal hecho, ni a Felipe González ni a Aznar, ni a Schröder, Berlusconi, Blair, Thatcher, Mitterand, Chirac, Clinton, Bush, Rodríguez Zapatero, Kreisky, Palme, Ben Gurion y sigue una lista muy nutrida y prestigiosa de gobernantes-candidatos (gusten o no sus ideas a cada quien).