Juegos de poder, liderazgo y prestigio

Oscar A. Bottinelli

El Observador

En el reciente cruce fuerte y sonado entre José Mujica y Tabaré Vázquez – motivado en la intención del actual gobierno de realizar algunas modificaciones a la normativa sobre el tabaquismo – puede llevar a sorpresas e interpretaciones erróneas, máxime si se atiende a la superficie, y obliga a una explicación detallada del sistema político uruguayo, tanto de su ingeniería jurídica como de su praxis

En el reciente cruce fuerte y sonado entre José Mujica y Tabaré Vázquez – motivado en la intención del actual gobierno de realizar algunas modificaciones a la normativa sobre el tabaquismo – puede llevar a sorpresas e interpretaciones erróneas, máxime si se atiende a la superficie, y obliga a una explicación detallada del sistema político uruguayo, tanto de su ingeniería jurídica como de su praxis. Antes que nada, corresponde despejar un equívoco: no es un choque entre un nuevo presidente y un antecesor que cree que todavía sigue en ejercicio del cargo y, por ende, que pretende dictarle a su sucesor lo que éste debería hacer. A estos efectos Vázquez es tres cosas a la vez:

Uno, el anterior presidente, con el poder del prestigio que le puede quedar a quien ejerció tan alta magistratura y representó al país y al conjunto de sus ciudadanos a lo largo de cinco años.

Dos, uno de los posibles futuros presidentes de la República y, en principio, a la luz de los datos a la fecha, la persona que cuenta con mayores probabilidades de serlo (o para ser más precisos aún: la persona que la abrumadora mayoría de los uruguayos cree que será el próximo primer mandatario, creencia que sustenta la totalidad de la dirigencia frenteamplista y también de la mayoría de la dirigencia opositora).

Tres, el líder de una parte significativa del Frente Amplio, difícil de cuantificar, cuya opinión impacta sobre una parte nada pequeña de la bancada parlamentaria del oficialismo.

Por su parte José Mujica es el presidente de la República (con el poder y las limitaciones de este cargo) y el líder de otra parte significativa de la bancada parlamentaria del oficialismo. Entonces, el cruce hay que verlo entre esas dos facetas de don Pepe y las tres facetas de Tabaré.

Contra la creencia de muchos actores políticos y comunicacionales, el sistema político uruguayo no entra ni en su teoría ni en su praxis en la categoría de régimen presidencial en el doble sentido del término: un régimen de absoluta separación y equilibrio de los dos poderes políticos, el ejecutivo y el legislativo, y una rama ejecutiva unipersonal. A los efectos de lo que importa a este análisis, en un régimen presidencial el presidente es el jefe único del Poder Ejecutivo o rama ejecutiva, los ministros son sus subordinados (a quienes nombra, destituye y da órdenes), decide por sí los actos de gobierno, se emiten los decretos y resoluciones a su sola firma (o a la firma de un tercero que recibe el poder por delegación). Nadie puede revertir un acto de gobierno suyo, salvo por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad. Su poder queda limitado cuando el acto es necesariamente legislativo y, por tanto, requiere de la aprobación del Poder Legislativo, o el acto es exclusivamente ejecutivo pero requiere de fondos cuyo uso requiere de autorización legislativa.

El sistema uruguayo no entra en esta categoría. Es un sistema semipresidencial, semiparlamentario, presidencial atenuado o parlamentario atenuado, según el gusto clasificatorio de cada quién, lo que da lugar a largas discusiones metodológicas y terminológicas. Lo claro, que no es un régimen presidencial clásico o puro. En ninguno de los dos sentidos. Por un lado el Poder Ejecutivo es pluripersonal: el presidente de la República solo puede designar por sí solo al secretario y prosecretario de la Presidencia de la República y al director de Planeamiento y Presupuesto (en la práctica de las dos últimas administraciones firma por sí solo más cosas, pero todas estas cosas fácilmente impugnables por inconstitucionalidad de forma); fuera de ello, todo los actos de gobierno requieren necesariamente la firma de al menos un ministro. Además, el órgano superior del Poder Ejecutivo es el Consejo de Ministros, órgano plural en que el presidente es uno en catorce, con un voto igual de los demás, salvo en caso de empate. Y los ministros deben contar con respaldo parlamentario. Esta es la segunda diferencia con un régimen presidencial puro: los actos de gobierno pueden ser juzgados por el Parlamento y los ministros censurados por el dictado de dichos actos.

Fuera de lo formal, la praxis va en ese mismo sentido. Ningún presidente gobierna con su sola fuerza. Al menos durante la primera mitad de su mandato, o durante los tres quintos de su mandato, busca apoyarse en una mayoría parlamentaria. Así lo han hecho todos los presidentes desde que rige esta Constitución, incluyendo el más autoritario de todos, Jorge Pacheco Areco, que siempre procuró contar (y contó) con mayoría parlamentaria. Y también la obtuvieron Gestido, Bordaberry (en la faceta constitucional), Sanguinetti en sus dos administraciones (en la primera en los temas relevantes, en la segunda mediante coalición explícita), Lacalle, Batlle, Vázquez y Mujica. Gobernar con una mayoría parlamentaria requiere de partidos sólidos o de fracciones sólidas y significa en general poder, capacidad y habilidad de negociación. Tan solo Vázquez contó con el poder de imposición sobre la mayoría parlamentaria, en un muy hábil juego de lejanía y mutis, y de uso del poder en ocasiones contadas y decisivas.

Lo que ocurrió entonces es un gobierno que creyó poder avanzar con el solo poder presidencial en un tema clave para el líder de una parte sustantiva del oficialismo y, por tanto, socio necesario en la conformación de la mayoría parlamentaria. Y se encontró con que ese líder hizo sonar su voz y ejerció su poder. Que además es el poder que tiene quien es visto además como el posible futuro presidente y, en ese caso, como nuevo líder absoluto del oficialismo. Entonces, poder pasado, poder actual y predicción de poder futuro.

Visto así, no es ninguna anomalía política ni constitucional la ocurrida. Quizás sí la comprobación de que el gobierno tiene menos poder del que creía tener, que pudo una vez pasar por encima de la voluntad del anterior presidente en un tema en que su prestigio estaba en juego, pero que no era posible pasar dos veces por encima de esa voluntad y por dos veces en pocas semanas afectar su prestigio.

Cabe señalar además que el momento de mayor poder de un presidente de la República se da el día de su toma de posesión y en las horas posteriores. Luego hay una ley inexorable, que es la misma que afecta a todos los hombres sobre la tierra: cada día que pasa es un día menos de vida, cada día que transcurre es un día en que el presidente tiene una ava parte menos de poder. Y ese desgaste del poder es mayor si hay a la vista algún sucesor visto como cierto (será o no cierto, lo importante es cómo lo ven a quienes ello puede impactar). Y esto también operó en estos días.