Algo mucho peor que un crimen

Oscar A. Bottinelli

El Observador

“Fue algo mucho peor que un crimen, fue un imperdonable error”. Es la frase que se atribuye al estadista Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord cuando se enteró del fusilamiento —por orden de Napoleón- de Louis Antoine Henri, Duque de Enghien, último descendiente de la Casa de Borbón—Condé. Con nula importancia en la historia universal e inclusive en la nacional, la acción de un fiscal y una jueza —en sus tres segundos de fama— de judicializar la campaña electoral contra un candidato presidencial, más que una afectación de la democracia y una mancha en la plena cristalinidad electoral —que lo son ambas— es una muestra de hasta dónde puede llegar la mediocridad y la irresponsabilidad.

Son muy discutibles todos los episodios en relación a los dos tribunales militares de Honor sobre el Caso Gavazzo. Se han adjudicado responsabilidades al presidente de la República, al secretario de la Presidencia, al entonces comandante en jefe Guido Manini Ríos, a seis generales. Hay opiniones de todos los colores sobre todos y cada uno. Pero cuando ese comandante deviene en candidato presidencial de un partido exitoso, con posibilidades de acceder a ambas ramas del Parlamento con 2 o 3 senadores y 8 a 10 diputados, a cinco semanas de las elecciones, un fiscal encuentra que todo lo ocurrido tiene un solo y único responsable, y lo es el general candidato, y nadie más. Y tarda muchísimo tiempo en llegar a esa conclusión; la alcanza justo a cinco semanas de las elecciones, ni mucho antes ni después ¡Oh casualidad! dijo el senador Rafael Michelini, un hombre que está en las antípodas del general-candidato y que refrescó el concepto —muy usado por José Batlle y Ordóñez— que se expresa en: estoy radicalmente en contra de tus ideas, estoy dispuesto a dedicar mi vida a combatirlas, pero estoy dispuesto a dar hasta mi vida por tu derecho a defenderlas. El ex presidente José Mujica —cual Talleyrand— dijo: fue un error. Porque es muy probable que el exabrupto judicial victimice al candidato y lo beneficie.

Esta judicialización política ensucia el concepto de elecciones libres y justas de una de las nueve repúblicas de democracia plena que existen en el mundo. Allí está su importancia y su gravedad. La judicialización política —como la politización de las funciones judiciales de los parlamentos— es uno de los elementos que ha irrumpido en las últimas décadas como afectación de las poliarquías. Y no es un fenómeno que afecte a la derecha o a la izquierda, sino a todos, según el lugar y el momento.

Al despuntar los años noventa termina la (primera) Guerra Fría y colapsa el prestigio de las instituciones militares como “custodios de la civilización occidental”. Ya no hay forma de interferir en los procesos políticos al son de marchas militares y resonar de las botas. Aparecen formas más refinadas de afectación de las poliarquías. Una de ellas es la judicialización política. Italia es donde se estrena con efecto demoledor. El Ministerio Público descubre sagazmente, justo al terminar la Guerra Fría, que el sistema político estaba corroído desde varias décadas atrás por la corrupción. Y así colapsan los partidos del arco gubernamental, en primer lugar la todopoderosa, omnipresente y ubicua Democracia Cristiana, y también el no menos ubicuo Partido Socialista, al que en gran parte hereda Silvio Berlusconi.

La judicialización política ha avanzado en muchos países y afectado muchos procesos electorales recientes. Para citar los de mayor influencia cultural sobre Uruguay: Argentina, Brasil, España, Italia, Venezuela (de influencia reciente por el nuevo impacto migratorio). Candidatos proscriptos a la Presidencia de la República o a la Presidencia del Gobierno, procesos judiciales en campaña electoral, parlamentarios presos y exiliados. Hubo elecciones (Brasil, Italia, Venezuela) en que cabe el beneficio de la duda si el resultado electoral hubiese sido el mismo sin las proscripciones de origen judicial. Como fuere, produzca o no afectaciones, es un cuerpo extraño en las poliarquías, en el concepto de elecciones plenamente competitivas, libres y justas.

Los parlamentos o congresos tienen una función judicial que se expresa en el llamado Juicio Político, que no es propiamente una decisión política sino una decisión basada en el Derecho, de características jurisdiccionales, emanada de un órgano político. Pero que no debe actuar con criterio político, sino jurídico y jurisdiccional. Si alguna duda cabe, es esclarecedor el debate en el Senado norteamericano en que fracasa el juicio político al presidente Andrew Johnson (1868). A la desjurisdiccionalización de los juicios políticos, se agrega una nueva tendencia de considerar que la interpretación del derecho consiste en la lectura de unas palabra sueltas de un párrafo de un inciso de un artículo de una norma, sin preocuparse ni de la lógica, ni de la teleología, ni del objetivo del instituto jurídico o del sistema. Como quien dice, al revés de la prohibición del Código Civil, se aplican palabras sueltas, parciales, en total contradicción con el espíritu. Y se rebusca el detalle. Como quien dice, es una exégesis del camino de las hormigas, en medio de una manada de elefantes. Así se llegó a la destitución bastante reciente de los jefes de Estado de Brasil y Paraguay, o se intenta hacerlo con el presidente de los Estados Unidos.

Lo uno y lo otro, la judicialización política o la politización de la función jurisdiccional de los parlamentos, tienen en común algo sustancial: la falta de respeto a la voluntad del elector, la minimización del papel del votante, del ciudadano, como punto básico de la construcción de las instituciones democráticas. La democracia es mucho más que respetar algunas reglas escritas de juego, la democracia por encima de todo es respetar que la voluntad popular —expresada en reglas pre establecidas— es el elemento central para dirimir el disenso político, sin interferencias ajenas.