La llegada al Uruguay de la judicialización política en tiempo electoral

Oscar A. Bottinelli - Diálogo con Aldo Silva

Radio Universal – Fuentes Confiables

A.S.: “La llegada al Uruguay de la judicialización política en tiempo electoral” es el título que le has dado a esta columna de hoy.

O.B.: Hablemos del caso Manini Ríos como tal, porque es un caso que terminó judicializado. No voy a hablar del tema, es un tema para especialistas en temas de Derecho Militar, no es para cualquiera. Acá lo que importa es ver que hay una serie de cosas, un Tribunal Especial de Honor, con tres generales, a raíz de declaraciones de Gavazzo, un Tribunal de Alzada, entre los dos un pase por el Ministerio de Defensa elevado a Presidencia de la República, intervención de la Secretaría de Presidencia, el presidente, el comandante en Jefe del Ejército, y lo que sorprendió a todo el mundo es que, un mes después, por lo que sale en un diario, salta lo que había declarado Gavazzo. Lo sorprendente, y esto es lo que importa, es que un fiscal empieza el tema hace seis meses, y encuentra que ninguno de los generales de ninguno de los dos tribunales tiene responsabilidad, no aparece responsabilidad en el Ministerio de Defensa, ni en el presidente, ni en la Presidencia de la República, y solo, exclusivamente, en el comandante en Jefe del Ejército, que está en el medio. Por encima está el Poder Ejecutivo, el presidente de la República y el Ministerio de Defensa, por debajo los generales, pero justo el comandante es el único responsable, al cual acusa penalmente cinco semanas antes de las elecciones. No lo hizo tres meses antes, no esperó dos meses más, y la jueza cita inmediatamente, menos de 30 días antes de las elecciones, cuando empezó la etapa real de la campaña electoral, con publicidad en radio y televisión, a un candidato a presidente, que va cuarto en todas las encuestas. Este tiene que interrumpir la campaña electoral para ocuparse de esta citación judicial. Esto, en Ciencia Política, en el mundo entero, se llama interferencia judicial en la actividad política y en las elecciones.

Segundo: el bloqueo de los abogados defensores. Ayer los abogados defensores presentaron dos recursos de inconstitucionalidad, contra la Ley que crea la Fiscalía Nacional, que es una estructura muy rara, —no soy especialista—, y al Código de Proceso Penal. Eso es un tema genérico, porque, si bien la Corte se pronuncia sobre el caso concreto, crea un antecedente que va a suponer todo un impacto si llega a declarar inconstitucional, sobre todo lo que están actuando las Fiscalías y el funcionamiento del Código del Proceso Penal. Y si no, queda rechazada la inconstitucionalidad, y continúa el caso.

Lo cierto es que este proceso, esta instancia judicial, cambia de naturaleza en la primera semana de noviembre. En un mes. Porque la duda es si Cabildo Abierto saca dos senadores o saca tres. Si Manini empieza a derrumbarse saca uno solo. Hipótesis: Guido Manini Ríos es elegido senador. La primera semana de noviembre la Corte Electoral lo proclama senador electo. Y a partir de ese instante tiene inmunidad parlamentaria. El artículo 114 de la Constitución dice “Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”.

Si el fiscal o la jueza, a partir de ahí, pretenden continuar con la causa, crean un segundo hecho político impactante. En un gobierno, gane Daniel Martínez o gane Lacalle Pou, que no va a tener mayoría parlamentaria de un solo partido y puede haber hasta complicaciones para formar una sólida coalición de Gobierno, la Legislatura va a empezar con un formidable debate sobre todas las declaraciones de Gavazzo, los tribunales de Honor, lo que hizo Tabaré Vázquez, el secretario de la Presidencia, el Ministerio de Defensa y el senador Guido Manini Ríos. Es poner una bomba a la 49ª Legislatura, en medio de su inicio. Ahí la judicialización política llegaría a niveles no alcanzados en Uruguay en períodos de democracia. Ya esto que ocurrió ahora nunca había ocurrido.

A.S.: Sigamos con la definición de la judicialización política.

O.B.: Hay muchas definiciones, pero una simple es cuando el sistema judicial se transforma en un actor del juego político, y provoca, por sí mismo, hechos políticos de naturaleza relevante. Uno diría, cuando juega desde el borde del offside al offside en cuanto a sus competencias. La judicialización puede ser de dos vías: una muy común, que en Uruguay es muy frecuente, diría que empieza en los 90, que es cuando los actores políticos fracasan en un rol esencial que se llama dirimir el disenso en el terreno político. El disenso, la discrepancia, es la base de una sociedad plural, y por lo tanto, de una democracia. La política tiene como función no solo gobernar y administrar, sino dirimir, resolver ese disenso. Cuando los actores políticos no lo logran hacer por sí solos, es cuando toman el campo de juego judicial, para que dirima ese disenso político. Hemos tenido una creciente actividad en que, en el Parlamento termina individualmente una comisión, o la Cámara, o legisladores, o un partido, hacen una denuncia judicial. Todo termina judicializado.

La otra vía es cuando los actores judiciales, y uso la palabra “judicial” no como sinónimo del Poder Judicial sino como sistema, que en Uruguay está integrado por el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y la Corte Electoral en la función jurisdiccional; cuando los actores judiciales, ya sea el Ministerio Público, es decir, los fiscales, ya sea la Magistratura Judiciante, la que dicta justicia, toma la iniciativa en provocar hechos políticos. Normalmente, estos hechos están revestidos de actos de su propia competencia, pero es claro que es un hecho político. Muchas veces, esa iniciativa judicial cuenta con estímulos de actores políticos, o de otros poderes políticos. A veces son actores judiciales que sienten garantes de la ética de la sociedad. Así como las Fuerzas Armadas, en los períodos militaristas, eran los custodios de la moral y la civilización, terminada esa etapa en el mundo occidental, aparecieron las magistraturas cumpliendo el mismo rol. “Somos los que defendemos la ética”, frente a hechos que, sí, se pueden comprobar, de corrupción del sistema político.

Antes de continuar sobre esto quiero decir que, como etapa previa, en Uruguay, sí ha habido una judicialización política. Casi es el arranque, pero la diferencia con esto es que no fue directamente electoral, pero los efectos se producen en elecciones. Y fue, y uso palabras del afectado, la “embestida baguala” contra Luis Alberto Lacalle Herrera. Ahí claramente hubo una judicialización de la política, que terminó en denuncias y denuncias contra Lacalle, creándole una imagen determinada, que lo afectó políticamente.

En el mundo también tenemos. Quiero aclarar que la judicialización de la política no quiere decir que sea rotundamente falsa. Voy a empezar por el país que se usa como pieza de estudio para definir el principio de la judicialización política: Italia. En 1992, 1993, un buen día se descubre que hacía décadas que había corrupción en el sistema político. ¿Todo ese tiempo los jueces estuvieron durmiendo? Y lo hicieron con un criterio judicial. Y todo se hablaba como de piezas sueltas. El resultado final es el derrumbe del sistema político oficialista de Italia, desaparece la Democracia Cristiana todopoderosa, que venía conduciendo todos los gobiernos desde 1946, se derrumba el Partido Socialista, que se cae en pedazos, algunos van a la centroizquierda, la mayoría conforma el partido de Berlusconi, y desaparecen los partidos chicos. Hay versiones de historiadores que consideran que, acá, operaron, detrás de los jueces, dos partidos que habían estado marginados del poder. De un lado el poderosísimo Partido Comunista, en ese momento en la etapa post comunista, y un partido que estaba en crecimiento, que se puede denominar post fascista. Ocurre que, justo, la judicialización política empezó cuando terminó la Guerra Fría, cuando no había riesgos de que Italia, que siempre estaba en la frontera, con un Partido Comunista poderoso, cambiara de bando, o quedara afectado. Ya no había peligro, y decidieron terminar con esa situación, que, es verdad, la corrupción en Italia afectó mucho hasta la competitividad económica. Pero es muy claro que fue un operativo político.

En Italia hubo elecciones hace un año y medio, y un sector de la Magistratura italiana, que es muy militante, de centro, centro izquierda, anti berlusconiana, inició un juicio que terminó con la condena y proscripción de Berlusconi para la elección del 4 de marzo. Nunca se puede saber si Fulano es candidato cambia o no el resultado, pero probablemente haya sido perjudicado. Probablemente, el grupo de Berlusconi fue perjudicado con su ausencia como candidato, y no ganó dentro de la centro derecha, que fue la más votada, y cambia toda la historia italiana de este año y medio. Lo curioso es que, en mayo, dos meses después de las elecciones, no sé exactamente el término técnico, pero se elimina la condena a Berlusconi, queda inocente. Podía ser candidato después que había pasado la elección. Eso es judicializar la política.

En Argentina, juicios a la candidata a vicepresidente en medio de la campaña electoral. En Brasil, proscripción de Lula, y ahora se habla de que fue un Golpe de Estado contra Dilma Rousseff. En España no está afectando las elecciones, pero está afectando el clima político, que haya diputados presos. Una democracia con diputados presos. En Venezuela, el principal dirigente opositor está proscripto. Que cometió delitos no hay duda, pero el segundo en el ranking de preferencias fue proscripto por un Tribunal Administrativo. Estamos viendo, y no estoy juzgando el nivel de democracia de cada país, cómo en el mundo hay una forma de interferencia en la política, y lo que importa ahora es que llega al Uruguay.

A.S.: Tenemos otro capítulo que tiene que ver con la judicialización política y la democracia.

O.B.: Como cientista político me molesta mucho cuando se dice “esto es una democracia o una dictadura”. Yo agarro un cuadro de un impresionista, un Cézanne, un Van Gogh, y te pregunto si eso es blanco o es negro, encontrás todos los colores que quieras menos blanco y negro. Eso mismo pasa cuando se dice si es dictadura o democracia. La paleta está llena de colores, y en una punta hay un grupo de países que se pueden definir como autoritarios puros, donde no hay la menor libertad para respirar, y hay un puñado, mucho más puñadito, de países que son democracias plenas. No llegan a 20. Repúblicas democráticas plenas estables hay nueve en el mundo. En todas las Américas, solo Uruguay. Ese es un valor a cuidar. Hace a la categorización de Uruguay en el mundo. Y estos actos, la judicialización de la política, que un candidato presidencial esté siendo citado judicialmente cuatro semanas antes de las elecciones, afecta la validez, la imagen de la pureza total, de lo que se llama fair and free elections, elecciones libres y justas. Y mucho más cuando hay una simplificación de una investigación judicial; no es un candidato que mató, él solo, a una persona, y no hay otros actores. Es una cosa mucho más compleja, con muchos componentes políticos, y se concentra todo en un candidato a un mes de las elecciones. Y es algo que es un fuego de artificio, porque se inicia el juicio cuando se sabe que, al mes, ese acusado tiene inmunidad parlamentaria, y para que la pierda se entra en un escándalo político en el país.

Lo grave de esto es que Uruguay queda manchado. No afecta la calidad de democracia plena, pero es una mancha. Esto es lo grave, y atención: esto no tiene que ver con se tenga la mayor simpatía o antipatía por Guido Manini Ríos, que se considere que actuó bien o mal él, o los generales, o Tabaré Vázquez, o el secretario de la Presidencia Miguel Toma, o la gente del Ministerio de Defensa. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un tema de fondo, estructural, que hace a la democracia, y que hay que analizar con independencia de simpatías o antipatías por las personas o por lo que piensan. Rafael Michelini, en las antípodas del pensamiento de Manini, y el más duro contra los seis generales, salió a decir “oh, casualidad”. Me recordó una frase que se ha usado mucho en el mundo, hace más de medio siglo, y en Uruguay se la atribuyó mucho a Batlle y Ordóñez, que decía “yo estoy totalmente en contra de tus ideas, estoy dispuesto a dedicar mi vida a combatir tus ideas, pero estoy dispuesto a dar hasta mi vida por tu derecho a decir esas ideas”. Rafael Michelini actuó en esa postura. Lo importante de él es diferenciar entre la persona, las ideas, si se les tiene simpatía o no, si se considera que actuó bien o mal, con el hecho de judicializar la situación de un candidato presidencial en el tramo final de una campaña electoral. Esto es lo realmente relevante. Y Mujica agregó otra cosa, que preocupa a muchos dirigentes del Frente Amplio: esto es, además, un error, que va a beneficiar a Manini Ríos. Eso no se puede saber, pero no hay duda que, lo que dice Mujica, está demostrando que no es neutra. Sea un beneficio o no a Manini Ríos, no es neutro. Esta acción judicial iniciada en estos días incide en la campaña electoral, y tiene como etapa clave el día de ayer, con el bloqueo que hace la defensa de la citación de la jueza.