Impactos de un referendum

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Diez impresiones iniciales y la bifurcación de caminos hacia adelante.

Analizar cualquier acto electoral binario, pero en particular el referéndum del 27 de marzo, requiere de mucha elaboración, pues hay elementos de todo tipo y singular importancia. Un análisis científico requiere antes que nada una descripción del estado de situación, luego un estudio de las causas y finalmente un análisis de las consecuencias¹.

Pero, como introducción, vale exponer algunas impresiones iniciales:

Uno. Muy simple: la Ley de Urgente Consideración se mantuvo, más allá de la dimensión de los votos y es incuestionable su vigencia desde el punto de vista jurídico.

Dos. De manera clara y obvia: el NO triunfó y el SI perdió.

Tres. Producido un veredicto referendario, hay que tener cuidado sobre la vigencia de lo aprobado. Hay que tener en cuenta que el Cuerpo Electoral ejerce de manera directa la soberanía en los casos de elecciones, plebiscitos y referendos, mientras que los poderes representativos emanan su composición del ejercicio de la soberanía hecha por el Cuerpo Electoral². Y estos poderes ejercen la soberanía en forma indirecta. Surge con nitidez, por sucesión en el orden lógico y por jerarquía, que las decisiones del Cuerpo Electoral preceden y están por encima de las decisiones de los poderes representativos.

Cuatro. El Parlamento no puede desconocer el resultado electoral. Durante largo tiempo el Poder Legislativo no puede revisar ninguno de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, ni uno solo, a riesgo de desconocer el mandato popular y producir una degradación de las instituciones.

Cinco. El presidente de la República sale débil al registrarse una caída de 80 mil votos en relación al balotaje, especialmente por haber identificado el voto por NO con su propia persona. La debilidad del presidente supone a su vez una debilidad global del gobierno y de la Coalición Multicolor, además de hacer aflorar las contradicciones en la Coalición.

Seis. La izquierda pierde el referéndum y los sufragios obtenidos son inferiores al balotaje, aunque superiores a la Elección Nacional. Se puede decir que el resultado le permite respirar, mirar de igual a igual al oficialismo, y quizás lo más importante, lograr el alta clínica luego del golpe recibido con la pérdida del gobierno en 2019 y el retroceso consecuente en las elecciones departamentales de 2020. Pero, atención, es volver a respirar con normalidad, no a estar fuerte. Las pérdidas habidas en 2019 respecto a los años anteriores, se mantienen.

Siete. Aflora una vez más, como en julio de 1973 o a la salida de la dictadura, la contradicción en la conducción política de la izquierda entre fuerza política por un lado y movimientos sociales por otro.

Ocho. Se exhibió con claridad las dificultades del Frente Amplio en construir una conducción política sólida, que no es lo mismo que armar una conducción de la estructura partidaria. Tema complejo porque esa pérdida de conducción no es nueva, sino producto de un largo proceso de debilitamiento, que se entronca con la renovación biológica en el Frente Amplio en tanto tal y dentro de sus principales corrientes internas.

Nueve. Hay 120 mil votantes menos que los votantes potenciales que debió haber para mantener la misma participación habida tanto en octubre como en noviembre de 2019. Hay ahí un número importante de electores cuya conducta política es necesario desentrañar en futuros estudios, pero que a priori significa que son indiferentes o refractarios a las decisiones políticas. Una parte menor son residentes en el exterior que esta vez no se trasladaron, pero el grueso son personas que viven aquí y que van a justificar el no voto o pagar la multa.

Diez. Al comparar las dos elecciones de 2019, las departamentales de 2020 y el referéndum último, surge que el país está más cerca del 5-4-1: a) unas cinco décimas (quizás un poquito menos) del lado del bloque que agrupa a los partidos de la Coalición Multicolor; b) cuatro décimas (quizás un poquito más) del lado de la izquierda; y c) la restante décima parte del electorado, alrededor del 10% del total, que se compone de dos subconjuntos, los votantes neutros (refractarios o indiferentes) que alcanzan el 4% y otro 6% de voto oscilante.

Tras estas impresiones, vienen algunos apuntes hacia el futuro. Hacia el inmediato, el referendo deja al gobierno ante una bifurcación de caminos: o insiste en mantener inmodificada su agenda o se abre a cambios que resulten de mayores acuerdos dentro de la Coalición Multicolor y de entendimientos con la oposición. Hay una mayoría parlamentaria que reclama desde ángulos diferentes un diálogo nacional: Cabildo Abierto –desde hace un año, reiterado antes y después del referendo- y el Frente Amplio desde hace tiempo y en los días previos al acto electoral. Ambas partes coinciden en que el referendo genera un mensaje de la ciudadanía que debe ser atendido.

El presidente tiene firmes convicciones en tres aspectos que lo llevan por un camino diferente: Uno, que el sistema uruguayo es como el norteamericano o mexicano, en que el presidente es por sí solo “El Gobierno”, por lo que la Coalición Multicolor es en esencia una coalición para construir una mayoría para la aprobación de leyes. Dos, que el referendo es un pronunciamiento estrictamente sobre 135 artículos de una ley y no afecta la línea del gobierno, que fue trazada cuando la elección nacional y el balotaje, para que quedase inalterada por cinco años. Y tres, que el diálogo que corresponde dentro de la coalición y con la oposición es en el campo legislativo, y no en relación a temas de gobierno o administración.

Esa diferencia de criterios deberá dirimirse en no demasiado tiempo. Por lo pronto cabe ver que por delante hay dos tipos de agenda. Una primera es la de corto periodo, la que se relaciona con los tres años que restan del actual tiempo de gobierno; cabe recordar que temas tan trascendentes como la regulación portuaria o la reforma educativa, no necesariamente requieren ley, y se pueden hacer de manera administrativa, por decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo o de un ente autónomo, por lo que un diálogo legislativo deja fuera estos asuntos.

La otra agenda es la de largo periodo, asuntos que requieren de leyes y atraviesan varios gobiernos. En los asuntos de largo periodo es relevante si va a haber políticas de consenso, de amplio apoyo, que aseguren su permanencia fueren cuales fueren los cambios de gobierno que se produjeren en 2024, en 2029, en 2034 o más adelante aun; o por el contrario va a haber políticas elaboradas por una mayoría que pueden durar lo que duren esas mayorías. Entre estos temas está nada menos que la reforma de la seguridad social o la regulación de los medios de comunicación audiovisual.

El gobierno, entendido como lo entiende el presidente, es decir, como el Poder Ejecutivo de impronta presidencial, en los temas de largo periodo afronta dos problemas. Uno es si efectivamente funciona la Coalición Multicolor y cuenta con las mayorías parlamentarias necesarias, lo que no está necesariamente asegurado. El otro problema es que ahora se visualiza la amenaza de los institutos de democracia directa. Que ahora, a dos años y medio de las próximas elecciones, la amenaza es más fuerte, porque ya no lo es el referéndum, sino que lo puede ser el plebiscito constitucional.

Un referéndum requiere juntar un número de firmas equivalente a circa el 30% del electorado residente en el país (25% del padrón). Un plebiscito constitucional requiere un 12% (10% del padrón). Es mucho más accesible. Además un plebiscito de iniciativa ciudadana se realiza en simultáneo con las elecciones, con lo que impacta sobre el debate eleccionario. Esta amenaza implícita puede operar como un freno a reformas legislativas profundas que no resulten de un amplio acuerdo, de un consenso. Tras estas impresiones, cabe ver luego la descripción cuantitativa del referéndum, las causas de los resultados y al análisis de sus consecuencias.

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1 Primera nota de una serie sobre el referendo del 27 de marzo de 2022 contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC)

2 Ver “La vigencia de la decisión”, El Observador, febrero 26 de 2022.