El Observador
Un sindicalismo politizado en relación ambivalente con gobierno y FA […] El sindicalismo uruguayo es un movimiento politizado desde su origen en el último cuarto del siglo XIX [y ahora] buscó -y en general logró- evitar ser la correa de trasmisión del oficialismo hacia los asalariados agremiados […] ¿cómo se puede interpretar el paro general de este jueves 20 de julio.
Un sindicalismo politizado en relación ambivalente con gobierno y FA
El sindicalismo uruguayo es un movimiento politizado desde su origen en el último cuarto del siglo XIX. Desde entonces y hasta el último lustro del siglo XX con una concepción clasista de la politización, bajo el sustrato ideológico de la lucha de clases, ya fuere en la versión marxista leninista, las marxistas no leninistas o la anarco sindicalista. Durante este periodo, particularmente a lo largo del siglo XX, convivieron dos concepciones: la politización como partidización y la politización sin partidización. En el primer caso el paradigma lo fue el Partido Comunista y parcialmente -o no en sucesivas etapas y sí en otras- el Partido Socialista. El segundo caso -cuyo paradigma fueron los anarco sindicalistas, los desgajamientos cincuentistas del Partido Comunista y la Nueva Izquierda sesentista, se desvanece en el último tercio del siglo XX, especialmente cuando la corriente sindical encabezada por Héctor Rodríguez forma parte de una estructura política (Grupos de Acción Unificadora, luego fundadores del Frente Amplio), y lo mismo cuando los antiguos anarquistas devienen en partido político marxista leninista como Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), incorporados al Frente Amplio en 1985.
Hacia la finalización del siglo pasado, concomitante con la implosión del Partido Comunista, aunque multicausal, se observa una paulatina mutación desde la concepción clasista hacia una concepción “economicista” -en la terminología del siglo XX- o “corporativista” en una imprecisa denominación de uso actual. Sin embargo, ese cambio resulta neutro en la relación movimiento sindical-gobierno, hasta que ese gobierno es conquistado por la izquierda. Allí aparece una cruz de los caminos: ese movimiento sindical acostumbrado a enfrentar -y acordar- con un gobierno tradicional, se encuentra ante un gobierno de su propia cuña política, de cuya dirigencia, estructura o militancia forma parte la gran mayoría de los dirigentes sindicales. No es lo mismo para una central sindical hegemonizada por los comunistas acordar con un gobierno colorado, que una dirigencia sindical sin predominio hegemónico de ninguna corriente (pero que en conjunto suponen una hegemonía frenteamplista) relacionarse con un gobierno del propio Frente Amplio.
Desde el punto de vista social, el sindicalismo agrupó sustancialmente a los trabajadores asalariados de grandes conjuntos laborales (Estado, paraestatalidad, bancos, industria) y ha tenido habitualmente una incidencia menor -por periodos muy baja y hasta casi inexistente- con los asalariados de pequeñas empresas.
El sindicalismo uruguayo buscó -y en general logró- evitar ser la correa de trasmisión del oficialismo hacia los asalariados agremiados, riesgo más propio del sindicalismo de gobiernos populistas (como el peronismo) o de regímenes de izquierda (como lo fue el soviético o lo es el cubano), que de gobiernos de izquierda (como el uruguayo).
Lo que es relevame para el análisis es que existe una presencia hegemónica de dirigentes y altos cuadros frenteamplistas, con especial relevancia del sector Partido Comunista. No es irrelevante el hecho de que el presidente del PIT-CNT sea dirigente del sector frenteamplista Vertiente Artiguista y uno de los cuatro principales impulsores de la corriente frenteamplista de Izquierda Cristiana, ni que el secretario general sea una de las tres figuras de mayor peso en el sector frenteamplista Partido Comunista de Uruguay.
Su juego con el gobierno frenteamplista y con el Partido Frente Amplio ha sido ambivalente. Al respecto cabe ver:
Una. Plena independencia en la realización de paros, huelgas, ocupaciones y movilizaciones contra la propia política o los propios intereses del gobierno.
Dos. Uso de los paros, huelgas, ocupaciones y movilizaciones, así como la fuerza exhibida por el movimiento sindical y el prestigio del sindicalismo al interior de la militancia de izquierda, como elementos de presión en la toma de decisiones del gobierno y más aún del Frente Amplio. Normalmente esta fuerza juega en combinación y apoyo recíproco con los sectores políticos a los que pertenece esa dirigencia sindical, con lo que esos juegos de naturaleza formal sindical devienen esencialmente en juegos políticos al interior del partido de gobierno.
Tres. Uso de su fuerza para lograr imponer sus candidatos en la designación de los representantes del Poder Ejecutivo en el Banco de Previsión Social a lo largo de los tres gobiernos y en este último además, al ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Cuatro. Independencia en cuanto a la actuación en órganos de cogobierno respecto a los intereses y las directrices del gobierno, como ocurre en la Enseñanza o en diversas empresas e institutos autónomos estatales o paraestatales.
Cinco. A la inversa, puede observarse cómo en las instancias electorales el movimiento sindical juega unas veces de manera implícita y otras de manera explícita (como en las elecciones nacionales de 2014) su apoyo electoral al Frente Amplio.
Este gobierno en particular es un gobierno que entre otros padres tiene al sindicalismo. En verdad, cuando la mayoría parlamentaria se definió por menos de cinco mil votos, cualquiera puede pararse y decir: a mí me debe la victoria. Y entre los que se pueden parar son los dirigentes sindicales.
Ahora bien, vistas así las cosas ¿cómo se puede interpretar el paro general de este jueves 20 de julio, que paralizó -no importa en detalle cuánto- buena parte de la administración estatal, de las empresas del Estado, de la estructura paraestatal, de los bancos y una parte no menor de la industria? ¿El gobierno fue puesto como el enemigo o el adversario, como en la época de predominio de los Partidos Tradicionales? ¿Fue una movida para jugar las ultimas cartas en el tironeo presupuestal, para obtener algún afloje más? ¿Tuvo como objetivo debilitar y aislar al equipo económico, a sabiendas que el presidente de la República oscila entre la prudencia fiscal (no aumentar el déficit) y su deseo intimo de conceder beneficios, siempre y en todo momento? ¿Cómo se interpreta?