El difícil enredo de la izquierda con el tema de la Caducidad

Oscar A. Bottinelli - Diálogo con Fernando Vilar

Monte Carlo TV

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PRIMERA INTERVENCIÓN ILUSTRADA CON PRESENTACIONES

OAB: Bueno, el tema es bastante complicado en torno a la Ley de Caducidad, al tema de la existencia de dos actos plebiscitarios, hay algo que es un enredo de la izquierda, ha habido un montón de elementos, vamos a ver la Placa 1.

Primero, ¿por qué digo la Izquierda?, porque es el Frente Amplio como fuerza política, pero también sindicatos, también movimientos sociales, es decir, es un entrelazado de estructuras y de corrientes, las que han quedado en este juego complicado. ¿Cuál es el problema? Que para la izquierda, si se dice “Juzgar a violadores de derechos humanos” la respuesta es “SÍ”, unánime “SÍ”; “Respetar lo que el pueblo decide”, bueno por lo menos una abrumadora mayoría dice “sí”. El problema que viene planteado no es que sí las dos cosas, sino que hay que optar entre lo uno o lo otro: o se juzga a los violadores de los derechos humanos o se respeta lo que el pueblo decide; por lo menos en un principio es esto y luego decir ¿qué camino hay?

Entonces, vemos la Placa 2, que presenta otro ángulo, que están sintiendo los dirigentes del Frente, que están sintiendo los legisladores: de los propios frenteamplistas, acá el tema no es cómo juega la oposición, si no de la gente que ve que no se discuten los temas de fondo que preocupan a la gente. Lo que vemos los analistas es que pasan en silencio cosas importantes, que pueden gustar o no, ese es otro tema, pero que es muy importante hacer la aprobación de lo que es la PPP, que es la Participación Público Privado, es decir, la traída de inversiones que se vuelcan a organismos estatales, a infraestructuras financiadas entre lo público y lo privado. Y además el ver que la preocupación de la gente va en general por otro lado, en primer lugar hay dos temas que en este momento están sobresaliendo: la seguridad pública por un lado y la educación, hay una preocupación sobre todo que se toma conciencia de que la educación está peor de lo que se esperaba. Entonces esto está presionando sobre los dirigentes frenteamplistas.

FV: Vamos a ver Oscar la Placa 3 que nos presenta otro panorama de la misma historia

OAB: Hablamos de enredos, ¿en qué sentido?, acá hay muchos entreveros generados por idas y marchas contradictorias, no hay duda de que hace casi un año que se está yendo y viniendo: algo se da por totalmente aprobado, luego se empieza a discutir. Que ha habido hasta ahora una opción por el juzgamiento en contra de la decisión popular y que esto se contrapone a una disconformidad con esto de la mayoría de los frenteamplistas que consideran que lo más importante es respetar la decisión popular.

Bueno entonces, que el Frente Amplio va a tener costos con esto, lo dijo el Presidente de la República hoy, es un hecho. La opción que hay ahora no es si el Frente sale bien o mal, la opción es si tiene costos mayores o costos menores, que es una muy mala opción para cualquier fuerza política decir “voy a tener unos costos y quiero ver si amortiguo algo”. Pero no sale sin costos importantes. Y acá hay un tema que enreda, que toda nueva ley que salga se va a ver con un desconocimiento de la decisión popular y eso también enreda la situación, no es fácil decir “no pero si modifico la ley”, porque esas sutilezas no entran con tanta facilidad, resulta que mientras transcurre esta nueva ley no se respeta la decisión popular, eso lo complica un poco más.

FV: Vamos a ver la Placa 4, la solución

OAB: La solución, que deben buscar lograr algunos juzgamientos a los violadores de derechos humanos, digo algunos, unos querrán todos pero por lo menos lograr algunos juzgamientos y respetar la decisión popular.

El Frente Amplio debe optar entre tener costos mayores y costos menores. Pero no sale de esto sin costos importantes. Todo lo que implique una nueva ley, la que está en consideración de Diputados o una nueva, cualquiera, se va a ver como desconocer la decisión popular.

Ahora vamos a escuchar a Marcelo Irachet y vemos un poco como se atan por el rabo estas dos posibilidades, que es la solución debe andar por acá que obviamente dije algunos; estas soluciones implican que hay algunos que van a quedar muy disconformes y que van a decir “ah no se van a juzgar todos”, va a ser muy difícil o casi imposible juzgar a todos y además va a haber un respeto de decisión popular.

SEGUNDA INTERVENCIÓN

Explicación y comentarios de Oscar Bottinelli, sobre la información brindada por Marcelo Irachet desde la sede del Frente Amplio, a la terminación de la reunión de la Mesa Política que convoca al Plenario Nacional para el sábado 14 de mayo

F.V: ¿Cada vez más enredado?

OAB: Vamos por partes. Para interpretar todo esto no olvidemos algunas cosas que dan algunas vías de salida:

La primera: en octubre del 2009 la Suprema Corte de Justicia, que había cambiado en la integración, pasa a declarar inconstitucional los aspectos sustanciales de la Ley de Caducidad. Por lo tanto, ahí ya empezó el país a caminar en una dirección diferente a la que venía entonces: la Ley de Caducidad ya no tiene ese hermetismo que tuvo hasta el 2009

Segundo: el constitucionalista Martin Risso-uno de los más sólidos constitucionalistas de este país- entre los elementos que aportó era algo que se venia conversando entre especialistas: que el Poder Ejecutivo -que es el que puede incluir un caso dentro de la Ley de Caducidad que impide su juzgamiento- puede “desincluirlo”, es decir emitir una resolución por la cual excluye de la Ley de Caducidad; hay quien dice que esto sería inconstitucional o y hay quienes dicen que no. Pero digamos, es un Acto de Gobierno, que no es recurrible ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no es recurrible ante la Suprema Corte. Lo hace por sí el gobierno, puede hacerlo sobre todo si tiene un espacio político, por lo cual todos aquellos casos incluidos pueden ahora volver a continuar el procedimiento judicial.

Y el tercer elemento de contexto es que en cuanto a las prescripciones que operan en Uruguay, se interpretó que el plazo de las prescripciones se toman en cuenta desde el 1º de marzo del `85; los 20 años caducaron de plazo, pero en casos de determinados tipos de delitos considerados graves o de peligrosidad del delincuente, etc., se aumentan en 1/3, vale decir en 6 años y 8 meses, que finalizan el 31 de octubre o el 1º de noviembre, la precisión ahí no me acuerdo. Por lo tanto hay posibilidad de nuevas presentaciones, de nuevas denuncias en casos de estos delitos llamémosles gravísimos. Ahí hay tres espacios.

De lo que está en consideración, el tema es el siguiente: cualquier ley que modifique la actual, la que aprobó el Senado, que esta en consideración de la Cámara, sigue teniendo el problema -y la discusión que va a haber- que se va a sostener “miren la gente votó otra cosa”. Ese es un primer problema.

El segundo es que no es claro el blindaje de una nueva ley en cuanto a posibilidad de ser recurrida por inconstitucional, por ejemplo modificar los plazos de prescripción. Acaba de salir una sentencia de la Suprema Corte en que se establecieron una serie de elementos donde dice que no se pueden aplicar plazos que no existían en el momento de la comisión del delito, esto rige para el futuro y ratificó claramente algunos principios básicos del derecho penal uruguayo o universal, si se quiere el derecho liberal penal: que no hay retroactividad de las penas en contra del acusado, no pueden perder garantías de alguna manera quien es acusado.

Sobre el tema de la Vertiente quizás acá conviene detenerse un poco. Marcelo habló de la vía corta para unr eferendum ¿A que se está refiriendo? Hace 13 años que no se aplica, por lo tanto, hay mucha gente que no tuvo idea de eso y otros que se han olvidado.

Primero los referendos, tengamos en claro, no es para aprobar nada; referéndum es contra algo. Lo otro es el plebiscito; y solo puede haber plebiscito junto con las elecciones en octubre de 2014. Los plebiscitos pueden ser para aprobar una cosa, esto otro,-elreferendum- es para ver si se aprueba o se rechaza una ley.

La vía corta es aquella que se aplicó por primera vez en el ‘92 contra la Ley de Empresas Públicas del gobierno de Lacalle, que significa que se convoca a un acto, que se llama “acto de adhesión al referéndum” -muchas veces se le ha dicho el pre referéndum- donde la gente va como si fuera a una votación, pero solo el que quiere decir “yo quiero que haya referéndum”; si el 25% del padrón, que son más de 600.000 personas, menos de 700.000, fueron y dijeron que “Si”, hay un referéndum; si no, no hay. Es corto en el sentido que no se esta un año entero juntando firmas. Tres veces se usó esto de los actos referéndum: en el ‘92 primero y el último en el ‘98.

Lo que pretende la Vertiente es una modificación para que en lugar de hacer una juntada de firmas para que haya una convocatoria y luego el referéndum, con determinados votos legislativos, se haga la convocatoria y luego la Corte verifique si se junta o no el 25% de adhesiones para hacer el referéndum. El tema, es que es contra una ley, tiene que aprobarse una ley; será la misma que aprobó el Senado, será una distinta. Pero el tema es que si la ley que sale se empieza a aplicar de inmediato, mientras se hace todo este proceso, la ley está vigente, y por lo tanto, va a surgir toda una nueva discusión en el país de que no se está respetando lo que el pueblo decidió.

Otra cosa es que se apruebe una ley diciendo: entra a regir dentro de un año. Va todo este procedimiento, mientras tanto en los hechos no se enmendó lo que dijo el pueblo porque la ley no rige y ahí sí se está ante una nueva consulta popular donde la gente dirá sí o no. Este sería un poco el camino de la Vertiente, que podría más o menos encausar, pero siempre y cuando sea una ley que no entre a regir de inmediato. Si no, la discusión sigue, y además ¡cuidado con las redacciones! Porque a esta hora las posibilidades de recursos de inconstitucionalidad son muy altas. Acá requiere un gran afinamiento en la forma de redactar las cosas.

La próxima instancia de esto es el plenario del sábado que es claramente decisivo.