Radiocero y Radio Monte Carlo
El tema es esencialmente que el Frente Amplio está ante un dilema de hierro, porque por un lado si se pregunta usted “¿Está de acuerdo con juzgar a violadores a los derechos humanos?”, la respuesta va a ser “SÍ” del lado de todos los frenteamplistas y si le dice “Respetar lo que el pueblo decide” también va a ser “SÍ” pero como están las cosas o lo uno o lo otro porque no son compatibles
OAB: El tema es esencialmente que el Frente Amplio está ante un dilema de hierro, porque por un lado si se pregunta usted “¿Está de acuerdo con juzgar a violadores a los derechos humanos?”, la respuesta va a ser “SÍ” del lado de todos los frenteamplistas y si le dice “Respetar lo que el pueblo decide” también va a ser “SÍ” pero como están las cosas o lo uno o lo otro porque no son compatibles.
Entonces frente a esto lo que se ha observado es además un debate interno muy duro, muy largo, con muy escasa claridad de resolución y se nota el distanciamiento de la dirigencia frenteamplista con los frenteamplistas comunes que más bien su preocupación fundamental no es esta, es la seguridad, es la educación, es el trabajo estable y de calidad y es la vivienda y esto está desgastando al Frente. La dirigencia del Frente Amplio ya tiene asumido, quizás con alguna excepción, pero lo que uno ha percibido, que el Frente va a pagar costos muy altos. De lo que se trata en esta discusión es si mitigan costos internos y externos y cómo hacen, para decirlo muy criollamente, lograr atar por el rabo a estas dos moscas que en principio son incompatibles.
F.V: ¿Hay más complicaciones con esto no?
OAB: Si las hay, porque el tema parte de si aprueban o no aprueban este proyecto de ley que ya votó el Senado con los costos que tuvieron de la renuncia de Fernández Huidobro, de la oposición del Senador Jorge Saravia. Es un texto donde hay un consenso en los constitucionalistas que es inconstitucional y esto no es solamente un tema académico universitario, dicen “los constitucionalistas están diciendo tal cosa” sino que es un tema de que los que se sientan afectados van a recurrir ante la Suprema Corte de Justicia y van a obtener el carácter de inconstitucional, entonces todo este lío puede terminar en que los efectos puedan ser muy pocos, es decir que el Frente Amplio tenga un costo fenomenal a un bajo efecto por aprobar una norma inconstitucional.
Pero además de las muchas soluciones en danza, hay también muchas inconstitucionalidades en lo que se habla, como por ejemplo cuando se dice “cambiar los plazos de prescripción en forma retroactiva”.
F.V: Estos son los elementos negativos ¿y cuáles los positivos para el oficialismo, para el Frente Amplio?
OAB: Los positivos para el oficialismo y para todos los que son más allá del oficialismo, partidarios de que se acoten los efectos de la Ley de Caducidad:
Uno. Desde octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia viene declarando sistemáticamente inconstitucional aspectos medulares de la Ley de Caducidad en un giro muy grande en lo que había sido la postura de la Suprema Corte de Justicia en los 20 años anteriores.
Dos. Que los delitos gravísimos o los cometidos por personas de alta peligrosidad al fin, no han prescripto todavía, recién lo harán el primero de noviembre, por lo tanto todavía hay plazo para iniciar nuevas actuaciones para que no opere la prescripción, la prescrpción es, se termina y ya no se puede empezar a juzgar.
Tres. Lo que, usando un término muy incorrecto, la vía de “desincluir”, porque no es excluir, es, casos que en gobiernos anteriores, básicamente fueron gobiernos colorados incluyeron la Ley de Caducidad, recuerda que una vez que alguien inicia una denuncia de ese período, el juez tiene que remitir al Poder Ejecutivo que dice “esto está incluido o no en la Ley de Caducidad”, el Presidente Vázquez excluyó algunos casos de la Ley de Caducidad, los gobiernos anteriores incluyeron una cantidad importante, más de veinte. Se habla, es una sugerencia de uno de los constitucionalistas más destacados del país, que el Poder Ejecutivo, el gobierno lo que puede hacer es “desincluir”, es decir, sacar de la inclusión de la Ley de Caducidad, todos estos casos, con lo cual también esto camina. Y en sí mismo, aquí hay, sumando estas tres cosas, una solución para juzgar a muchos violadores de los derechos humanos, no a todos, no todo lo que se pide, pero es una solución amplia. Si se quiere se quedan así las cosas, al Frente Amplio le resultaría menos costoso.
FV: Pero hay distintas propuestas como la de la Vertiente Artiguista.
OAB: Sí, yo diría, las propuestas básicas que andan por ahí, todas giran en torno a una serie de proyectos o de textos, que no cambian en esencia demasiado la cosa. Sobre todo los dos problemas serios, el político, que va en contra de lo que el pueblo decidió, toda ley que se apruebe va a ser combatida por los propios frenteamplistas diciendo “no se está respetando lo que el pueblo decidió” y para una mayoría, tres cuartos de la población de Uruguay y para la mayoría de los frenteamplistas es más importante respetar lo que el pueblo decide, en una concepción democrática.
Pero hay una solución que busca un camino distinto que es la de la Vertiente, atendiendo al tema de “bueno a ver, cómo compatibilizamos con lo que el pueblo decida”, y es buscar que pueda haber una consulta popular. En esencia, votar una ley, puede ser esta o puede ser otra, esta me refiero a la que está en discusión en Diputados para votarse el 19 de mayo, y promover contra ella el recurso de referéndum, algo de esto se intentó como transacción entre el Frente Amplio y Vázquez en relación al aborto, dicen “bueno, votemos la ley, nosotros mismos la recurrimos para que sea el pueblo el que decida”. No es lo lógico que uno recurra lo que uno mismo vota pero es una vía de habilitación.
Propone modificar la ley reglamentaria de los referéndum para hacer más fácil la habilitación, lo que se llama la vía rápida, esto es algo que se usó hasta hace 13 años, lo más impactante fue la Ley de Empresas Públicas en el Gobierno de Lacalle, que se llamaba a la población a concurrir a locales de votación donde iba solo el que quería que hubiera un referéndum, en lugar de firma se ponía una hoja por “si” en un sobre en una urna y si el 25% del cuerpo electoral, de los habilitados para votar, concurrían o superaba el 25% hay referéndum y si no, no. Esto es lo que pasó en la Ley de Empresas Públicas que hubo referéndum y fracasó en dos más que no hubo referéndum, luego viene el referéndum y ahí el pueblo decide sí o no a la ley.
Esto podría solucionar la crítica política mayor, la que deviene en la mayoría de los frenteamplistas, porque ahora se pondría todo en la decisión del pueblo. Ahora, pero si la ley se aprueba el 19 y entra a regir en los días siguientes por más que se aplique este mecanismo, mientras el mecanismo se aplica, que por más vía rápida que sea, lleva ocho, diez, doce meses, la nueva ley va a entrar en vigencia, entonces el decir “esto está en contra de lo que el pueblo decide”, va a seguir la crítica, va a seguir el desgaste fenomenal del Frente Amplio.
Entonces, para que esta solución resultase perfecta o por lo menos aceptable, requiere que la ley que se aprobase, entrase en vigencia dentro de un año. Es decir, bueno sí, se aprobó, se aprobó distinto a lo que el pueblo decidió, pero no va a entrar en viegencia hasta que el pueblo vuelva a decidir
FV: Para concluir
OAB: Con el Plenario Nacional de mañana, el Frente Amplio busca encontrar una luz en las tinieblas en que está metido y la luz en las tinieblas, en la cerrazón siempre se encuentra, si se agudizan los sentidos, pero además se encuentra si se quiere encontrar esa luz.