La política y el sistema judicial

Oscar A. Bottinelli

El Observador

La interacción entre sistema judicial y política da lugar a dos grandes tipos de fenómenos: la judicialización de la política y la politización de lo judicial.[...]En Uruguay [...] la política no está completamente ausente.[...]La relación entre sistema político y sistema judicial es uno de los equilibrios más difíciles a lograr en un sistema democrático.[...]Se logra con la asunción por los políticos de que su terreno es propio y que el sistema judicial no debe ser un campo político, y cuando el sistema judicial asume que en su terreno debe evitar la contaminación de lo político.

La interacción entre sistema judicial y política da lugar a dos grandes tipos de fenómenos: la judicialización de la política y la politización de lo judicial. La experiencia indica que hay muchas experiencias diferentes: en Argentina la influencia del poder político sobre el sistema judicial es extraordinariamente elevada, a las que se suman importantes esferas de corrupción de la magistratura; en España la Corte Constitucional y el más alto tribunal judicial se integran con el más prolijo reparto por cuota entre el Partido Popular y el Partido Socialista (PSOE), lo que asegura que los altos magistrados en porcentajes muy elevados votan alineados con sus partidos; en Italia hay una prevalencia de magistrados juzgantes y del Ministerio Público que han utilizado el sistema como arma política. En Uruguay cuando la asamblea General procede a designar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, es decir, cuando no hay designación automática por vencimiento de plazo, se mira con mucho cuidado la filiación política de los candidatos, aunque respetando siempre la pertenencia a la carrera judicial y, salvo pocas excepciones, la calidad de miembros de tribunales de apelaciones. La política no está completamente ausente. Pero hay que entender que existe una diferencia enorme en los sistemas en que el máximo tribunal judicial es designado por el presidente de la República que cuando éste no interviene, y hay otra diferencia enorme cuando se cuotifica de manera expresa la integración del cuerpo, que cuando se atiende a un equilibrio entre fuerzas políticas. Y ni hablar hay una diferencia explícita entre magistrados que orquestan campañas políticas, como en Italia, a que haya una cierta ideologización en la forma en que ejercen la función. En otras palabras, ni sacralizar la asepsia del sistema judicial uruguaya, ni considerar porque no es efectivamente aséptico, es lo mismo que sistemas altamente politizados.

El doble fenómeno de interacción entre sistema judicial y sistema político tiene un punto de inicio o un punto de aceleración hace unos 15 años, quizás un poco más. La judicialización de la política se da cuando los actores políticos dejan de dirimir la confrontación en el campo estrictamente político y lo derivan al campo judicial. Los jueces y fiscales pasan a ser los árbitros de resolver lo que el sistema político por sí solo no ha sabido resolver. En esta línea hay que encontrar varias líneas de acción (la enumeración es ejemplificativa y no exhaustiva):

Una. El realizar investigaciones o formular denuncias parlamentarias o administrativas cuyo proceso termina con el pase a la Justicia.

Dos. El realizar denuncias penales contra jerarcas administrativos, con filiación política o cargo político; y usar el proceso judicial como un caballito de batalla político.

Tres. En todos dichos casos, el exaltar o criticar los fallos judiciales según la coincidencia o no coincidencia con los intereses políticos.

Cuatro. Las denuncias recíprocas por difamación.

Quinto. La combinación de varios de estos elementos, acompañados de campañas más o menos orquestadas en los medios de comunicación, como forma de erosionar a adversarios políticos, del campo adversario o del propio, de los otros partidos o del propio.

Sexto. El no resolver grandes temas nacionales y derivar la decisión final al sistema judicial como ha ocurrido con el tema de la aplicación de la Ley de Caducidad, en que el sistema político derivó la resolución en última instancia a la Suprema Corte de Justicia.

Más o menos por ahí anda la judicialización de la política. El fenómeno inverso es el de la politización del sistema judicial, es decir, cuando en el accionar del sistema judicial se cuelan elementos políticos. También a título de ejemplo y no de manera exhaustiva, se puede enumerar;

Uno. El accionar en base a verdaderos alegatos políticos o ideológicos, donde lo científico jurídico aparece subsumido a lo valorativo. Esto es particularmente fuerte en el Ministerio Público y se exhibe con mayor fuerza en el campo de los derechos humanos y del medio ambiente, aunque no exclusivamente.

Dos. El avance hacia incriminaciones o procesamientos donde se exhibe que la decisión precede al razonamiento que conduce al mismo, pero que se sabe cuenta con alto apoyo en la opinión pública o, quizás con mayor exactitud, en sectores de alto activismo, aunque no necesariamente sean mayoritarios en la opinión pública.

Tres. El atribuir al sistema judicial un rol de defensa superior de los valores institucionales y éticos, en la misma línea que décadas atrás se lo atribuyeron a sí mismas las Fuerzas Armadas. Esta línea fue muy fuerte en el comienzo de esta oleada de interacción político-judicial, allá por la segunda mitad de los noventa, en gran medida inspirada en el modelo de los procuradores de Milán que impulsaron la tangetopoli (Antonio Di Pietro a la cabeza) y del juez español Baltasar Garzón; y hoy aparece con gran debilitamiento o en extinción.

Cuatro. La iniciación de causas con bases muy débiles contra figuras políticas, donde lo que aparece más claro es la búsqueda de protagonismos y aplausos fáciles.

sistema democrático. En general es más fácil cuando los políticos deciden actuar en sus propio campo sin involucrar al sistema judicial en las disputas políticas y se dedican a judicializar lo estrictamente judicializable. Y es más fácil cuando los magistrados juzgantes y del Ministerio Público descubren la virtud del silencio y de la grisura, de que su labor es tanto más eficaz cuanto más lejos esté de los reflectores; y por supuesto, cuando asumen con claridad que la ciencia jurídica debe aplicarse sin que se contamine con valoraciones políticas o ideológicas. Se logra con la asunción por los políticos de que su terreno es propio y que el sistema judicial no debe ser un campo político, y cuando el sistema judicial asume que en su terreno debe evitar la contaminación de lo político.