Desafíos para Mónica y su elenco

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Los desafíos que afronta Mónica Xavier y el elenco colectivo de Presidencia del Frente Amplio es el problema irresuelto de la relación entre gobierno y partido de gobierno, entre la autoridad política del gobierno o de la rama ejecutiva y la autoridad política del partido o fuerza política oficialista. Un problema muy pocas veces bien resuelto en Uruguay, donde tres son los partidos que han pasado por la titularidad del Poder Ejecutivo, y con serias dificultades de resolución en otras democracias de partido, como las europeo occidentales.

A efectos de este análisis, se toma como partido de gobierno al partido político por el cual fue elegido y al que pertenece el presidente de la República o, en sus casos, la mayoría del Consejo Nacional (1918-33, 1952-67). A partir de la existencia de una poliarquía y un estado moderno (cuyo inicio puede datarse, al menos como elemento de trabajo, con la Constitución de 1918) y hasta el golpe militar de 1973, el problema prácticamente no apareció por la virtual inexistencia de autoridad partidaria del partido de gobierno. El Partido Colorado –que ejerció la titularidad del Poder Ejecutivo entre 1910 y 1959, y luego de 1967 al golpe de Estado- careció de autoridad de todo el partido. Lo que hubo fueron estructuras como partido de las fracciones coloradas, que inclusive asumieron el nombre del Partido Colorado con un aditamento: Partido Colorado Batllismo, Partido Colorado Fructuoso Rivera, etc. La primera autoridad formal del Partido Colorado en tanto tal, única de todo el lema, se instala a comienzos de 1983 a consecuencia de la aplicación de la Ley de Partidos Políticos del régimen de facto. El Partido Nacional, en los ocho años como partido de gobierno, tuvo dos autoridades: una propietaria del lema, correspondiente al Herrerismo primero y al Eje Echegoyen-Nardone después, y otra correspondiente a la Unión Blanca Democrática (UBD). Por tanto, la relación del gobierno con el partido fue una relación de negociación entre el gobierno y las diferentes fracciones partidarias. Durante bastante tiempo facilitó además ese juego de poder el hecho de que el Poder Ejecutivo fuese un cuerpo pluripersonal, colegiado. Esto es particularmente importante en el primer batllismo, cuando el liderazgo de José Batlle y Ordóñez sobre su fracción le dio a la autoridad fraccional un peso determinante hacia el gobierno colegiado.

En la nueva etapa de democracia restaurada, se observa que el partido de gobierno quedó siempre relegado en cuanto a autoridad política. No lo fue el Partido Colorado (ni su Comité Ejecutivo Nacional, ni su Convención) ni en las dos administraciones de Sanguinetti ni en la de Batlle Ibáñez. Tampoco lo fue el Partido Nacional en la administración Lacalle. Ni lo fue el Frente Amplio en la administración Vázquez ni en los primeros 28 meses de la actual administración Mujica. Durante todo ese tiempo Jorge Brovetto no fue un presidente político sino un gerenciador de la estructura frenteamplista. Por lo tanto, el modelo es: el partido de gobierno queda reducido a un papel administrativo, movilizatorio o propagandístico; lo que necesariamente implica que un partido no puede ser participativo o democrático, si la democracia y la participación se reducen a la elección, discusión o decisión sobre temas que no afectan las decisiones de gobierno, ni su rumbo, ni su integración. Esta es la realidad del Frente Amplio en la actualidad, en que los afiliados eligen autoridades que al menos desde marzo de 2005 se enteran por los medios de comunicación lo que hace el gobierno, cuál es su rumbo, qué personas elige y a cuáles remueve. Más aún, ese partido participativo aprueba sesudos documentos como programa de gobierno, para luego enterarse que el verdadero programa de gobierno se va elaborando sobre la marcha, entre el presidente, sus asesores, los ministros, los asesores de los ministros y algunos otros individuos, todos al margen de la estructura partidaria.

¿Qué pasa en Europa Occidental? que es donde están casi todas las demás democracias de partido del mundo (que dichos sea de paso, no llegan a una treintena). Lo que ocurre que como todos ellos son regímenes parlamentarios o semiparlamentarios (pero salvo Francia, de predominio parlamentario), la jefatura de gobierno y la jefatura de partido coinciden en la misma persona, con lo cual las decisiones de partido y las decisiones de gobierno son concomitantes. A veces no ocurre, como le pasó al Partido Social Demócrata Alemán, en los comienzos del gobierno de Gerard Schröder y la presidencia del partido de Oskar Lafontaine; y fue traumático: la diarquía terminó con la renuncia de Lafontaine primero al gobierno, luego a la Presidencia del partido y finalmente a la afiliación al propio partido (hoy es uno de los líderes del partido Die Linke).

Con todos esos antecedentes frenteamplistas, colorados y blancos, y los antecedentes extranjeros, queda claro que en el Frente Amplio se abre una etapa que supone grandes incógnitas y formidables desafíos. Mónica Xavier desde su elección como presidente del Frente Amplio ha demostrado que su vocación no es gerenciar una estructura, sino hacer una conducción política. Para ello ha logrado acuerdo para componer una Presidencia colegiada, de la cual ella (socialista) es la primus interpares, integrada con tres vicepresidentes de alto peso político como Juan Castillo (1001), Ivonne Passada (609) y Rafael Michelini (Frente Liber Seregni), además de un secretario político astorista y de trayectoria sindical y de administración como Gerardo Rey. Hay pues puentes hacia las cuatro corrientes de más peso parlamentario o social; hay puentes hacia el sindicalismo; hay puentes y liderazgos para la militancia de la estructura central.

Los desafíos son múltiples. El primero de todos, el inmediato, es la relación con el gobierno y hasta dónde la autoridad del Frente Amplio va a tener peso política en las decisiones políticas del gobierno, en el rumbo del mismo, en su integración.