Los enredos y conflictos que envuelven al oficialismo

Oscar A. Bottinelli – diálogo con Mariano Tucci

Radiocero y Radio Monte Carlo

OAB: En menos de un mes el oficialismo se ha visto envuelto en cuatro situaciones conflictivas externas y en una grave confrontación interna. Por oficialismo entendemos en unos casos al gobierno propiamente dicho, es decir al Poder Ejecutivo, en otros casos al Frente Amplio como partido político y en otros a la bancada mayoritaria del parlamento.

MT: Si te parece vemos los conflictos externos ¿por cuál empezamos?

OAB: En primer lugar por el caso Venegas, que analizamos extensamente hace dos semanas, el viernes 8 de febrero. En síntesis, fue nombrado ministro una persona que no reúne las exigencias constitucionales para el cargo, sin que la Presidencia ejerciese ningún control en su nombramiento. Descubierto el tema ante denuncia del batlismo, el presidente dio muchas vueltas antes de tomar la decisión de aceptarle la renuncia; en realidad ejerció el cargo varias semanas a sabiendas de que estaba inhabilitado y no fue anulada su designación, como correspondía, sino aceptada la renuncia. Una gran desprolijidad agravada por las idas y vueltas en un tema que debió resolverse en minutos. Es externo en cuanto no es un conflicto dentro del oficialismo, pero fue creado por la desprolijidad del gobierno y algunos - PIT-CNT, comunistas – trataron de llevarlo al plano de la confrontación política con los colorados y las empresas médicas del interior.

El segundo problema está muy relacionado y es el que tiene por protagonista a la Corte Electoral, donde se dilucidan dos denuncias del batllismo: si el mismo Jorge Venegas está bien o mal proclamado como senador suplente, al ser ciudadano legal con menos de siete años de ejercicio, y si María Sara Ribero está bien o mal proclamada como suplente de la intendente de Montevideo, dado que tiene credencial cívica de extranjera no residente.

MT: ¿Y ahora vienen los problemas con la Suprema Corte de Justicia?

OAB: El tercer problema tiene que ver con la declaración de inconstitucional del ICIR; el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. Por 4 votos contra 1 la Suprema Corte lo declaró inconstitucional por considerar que invade la competencia de los gobiernos departamentales. Hace dos décadas pasó algo similar, no con inmuebles, sino con vehículos, cuando el gobierno de Lacalle vio declarado inconstitucional el impuesto a los vehículos gasoleros, por los mismos argumentos. En realidad no es un conflicto del gobierno con la Suprema Corte de Justicia, sino un problema que le ocasiona al gobierno la decisión Suprema Corte. Sin embargo, desde la Presidencia del Frente Amplio se acusó a la Suprema Corte de defender a los grandes terratenientes.

En realidad el problema se lo ocasionó el oficialismo a sí mismo al crear un impuesto de dudosa constitucionalidad, cuando tuvo a mano tres fáciles caminos para gravar las grandes producciones rurales: el impuesto al patrimonio, el adicional a la Contribución Inmobiliaria Rural y el peaje a las cargas rurales. Fue por el camino más vidrioso, porque predominó lo ideológico sobre lo pragmático. Y por ese camino, el gobierno tropezó.

El otro problema no es del gobierno sino del oficialismo, de la bancada frenteamplista en el Parlamento. Con la actitud combatiente del PIT-CNT y de organizaciones de derechos humanos, el oficialismo ha ido por el camino de pedir explicaciones a la Suprema Corte de Justicia por el traslado desde la justicia penal a la justicia civil de la jueza Mariana Mota, a cuyo cargo se encuentra la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

La conducta de la jueza Mota era muy polémica y muchos consideraban que había incurrido en prejuzgamiento: participación en una marcha política en reclamo de condena a los violadores de los derechos humanos, procesos o condenas que mayoritariamente debía decretar ella; declaraciones a medios de comunicación, particularmente argentinos, fijando posición política sobre el tema y adelantando posiciones políticas que conducían a los procesamientos; y desprolijidades en argumentaciones en expedientes judiciales. Los cuestionadores del traslado de Mota atribuyen ese traslado a la intención de frenar las investigaciones o impedir los procesamientos.

Los legisladores frenteamplistas pidieron la concurrencia de la Suprema Corte al Parlamento dar explicaciones. La oposición pegó el grito en el cielo diciendo que eso es delirante y alguien dijo que era hasta un golpe de Estado. En realidad los legisladores, individualmente, tienen el derecho constitucional a pedir esos informes, en eso es clara la razón del oficialismo; lo que no tienen derecho es a pedir como cuerpos legislativos a que concurra la Suprema Corte a dar explicaciones: ello está claramente fuera de la Constitución. En realidad no ha sido ni tanto ni tan poco. Las explicaciones se pueden pedir, individualmente, la concurrencia no se puede pedir. Y lo más probable es que la Suprema Corte vaya por este lado: ir, no va; dar explicaciones, si se piden en la forma que prevé la Constitución, las va a dar.

MT: Estos son los cuatro problemas externos o con connotaciones externas, ahora vienen los conflictos internos.

OAB: A veces uno tiene ganas de tomarse las cosas con humor y decir que el gobierno no pregunta cuántos son, sino que vayan saliendo. Porque cuando tiene todos esos enredos, estalla el conflicto por las diferencias de criterios en la conducción económica, la lucha entre dos equipos económicos. De un lado el equipo económico oficial que conduce el ministro de Economía Fernando Lorenzo, responde a la conducción política del vicepresidente Danilo Astori e integran entre otros el jefe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía Andrés Masoller. Formalmente lo integra el presidente del Banco Central Mario Bergara, pero últimamente hubo algunos dardos cruzados entre Economía y el Banco Central. El otro equipo, el paralelo o desafiante, es el que rodea a Mujica, apuntala el hombre fuerte de la Presidencia Diego Cánepa, y lo integran el director de Planeamiento Gabriel Frugoni y el subdirector Jerónimo Rocca, el asesor presidencial Pedro Buonomo y el viceministro de Economía Luis Porto.

En este enfrentamiento hay que considerar que existen por un lado rivalidades de poder entre corrientes diversas del Frente Amplio y por otro lado discrepancias ideológicas, programáticas. No es solo lo ideológico, porque hay una pulseada de poder, y no solo es de poder, porque hay diferencias conceptuales.

MT: Pero el tema no es nuevo

OAB: No. En realidad la confrontación comienza de manera relativamente abierta, con trascendidos en la prensa, en el primer tercio del mes de abril de 2011, hace casi dos años. Y fue in crescendo. En el medio estuvo la renuncia de Pedro Buonomo al cargo de viceministro de Economía y la confrontación por el impuesto a la concentración de tierras, el hoy cuestionado ICIR, impulsado desde la Presidencia. Pero lo que hace que el conflicto suba es el debilitamiento que han tenido Astori y el Equipo Económico a raíz del manejo del caso Pluna. Sin duda hay un antes y un después en la firmeza, la imagen y el poder del Equipo Económico.

Lo fundamental es que se ha llegado a un momento extremadamente delicado cuando se inicia el último año verdaderamente efectivo de gobierno, el último año antes de que los reflectores se concentren en la campaña electoral. El gobierno y el Frente Amplio no tienen demasiado margen. No están en una situación crítica, pero tampoco tienen una situación holgada. Y lo menos aconsejado para el bien del gobierno, para el bien del Frente Amplio y para el bien de las cinco grandes corrientes frenteamplistas es ir de un enredo a otro, y en lugar de despejar las cosas, complicarlas más.