El desembarco de los millardarios

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Aquí viene como el sistema político se ha dormido en la regulación del financiamiento de la política, del financiamiento de los partidos, sus fracciones y sus agrupaciones, del financiamiento de las campañas electorales. Porque lo que se ha visto que políticos y grandes medios están más preocupados en las ganancias y pérdidas de cada quien para el año que viene -ganancias de almacén de barrio y pérdidas de quiosquero- que en buscar un marco trasparente, equitativo para todos los actores políticos

Una nueva realidad golpea a la política mientras se pelea por minucias

En octubre de 1993, apenas producida la caída de la Primera República Italiana y cinco meses para la celebración de las primera elecciones de la Segunda República, aparece en la escena política un millardario, Silvio Berlusconi, que amasó una fortuna en la construcción, creó una de las más importantes empresas de inversión financiera y ese mismo año construye el emporio multimedia Mediaset, que acapara la mitad de la audiencia televisiva del país. Il Cavaliere, como se le conoce, no solo jugó con la base de una inmensa fortuna, sino con su calidad de verdadero genio de la comunicación (reconocido por sus más acérrimos enemigos), gran creativo, excepcional organizador y un carisma singular que lo llevó a ganar tres elecciones, hasta que una proscripción -levantada apenas pasadas las últimas elecciones- le impidió participar. Conjugó las fuerzas del dinero, de una organización financiera de penetración capilar en la sociedad que jugó como estructura política, de una gran cantidad de parlamentarios y dirigentes nacionales, regionales, provinciales y comunales provenientes de su partido, el implosionado Partido Socialista, a lo que aunó su capacidad comunicacional y un grito popular, Forza Italia (que equivale a decir aquí “Arriba Uruguay” o “Vamos Uruguay”).

Es el desembarco de los millardarios en la política del primer mundo. Antes habían aparecido en Sudamérica, como los casos de un cervecero boliviano o un banquero ecuatoriano, dos de una larga ristra. La palabra millardario es bastante nueva en español -vieja en francés e italiano- que surge cuando la pérdida de valor de las monedas lleva al agregado de muchos ceros (un millardo equivale a mil millones).

Ahora desembarca en Uruguay un extraño uruguayo, Juan Sartori, yerno del magnate ruso Dmitri Rybolóvlev, detenido por la policía del Principado de Mónaco bajo acusación de corrupción y tráfico de influencias. Nacido en Montevideo, de 37 años, está radicado fuera del Uruguay desde los 12 años de edad. Pretende ser candidato a la Presidencia de la República por uno de los dos partidos casi bicentenarios del país, el Partido Nacional. En esta tierra los únicos dos requisitos para ser presidente de la República son tener 35 años cumplidos de edad y ser ciudadano natural, vale decir, nacido en el territorio de la República o hijo de padre o de madre que fuesen ciudadanos naturales uruguayos. No se requiere residencia. Solo se exige para los ciudadanos legales o para cargos departamentales, siempre y cuando no fueren nacidos en el departamento. Lo que más se requiere son votos, muchos. Obstaculizada su candidatura por la falta de antecedentes como blanco, sin militancia conocida, aparece promovida por una agrupación nacionalista extinguida que es revivida aparentemente a estos efectos. Un alto dirigente nacionalista lo acusó de haber comprado la agrupación.

El affaire Sartori es una gruesa piedra, más bien un cascote, en los pies del Partido Nacional, que no le hace gracia a ninguno ni de adentro ni de afuera. Ese es un tema, que se verá como lo resuelve el nacionalismo.

Pero más allá de Juan Sartori y del Partido Nacional, lo que se ha encendido es una luz naranja, una luz de alerta naranja, ante la aparición en la política de dineros provenientes de negocios rusos como pudieren venir del narcotráfico. Es que para la dimensión del Uruguay, cualquier pequeña fortuna a escala mundial -uno diría cualquier Pyme de mafias, de narcos o de negocios opacos- es una inmensidad en esta tierra. Con poco dinero en niveles planetarios se puede aspirar a comprar partidos, candidaturas, cargos, parlamentos, presidencia de la República.

Y aquí viene como el sistema político se ha dormido en la regulación del financiamiento de la política, del financiamiento de los partidos, sus fracciones y sus agrupaciones, del financiamiento de las campañas electorales. Porque lo que se ha visto que políticos y grandes medios están más preocupados en las ganancias y pérdidas de cada quien para el año que viene -ganancias de almacén de barrio y pérdidas de quiosquero- que en buscar un marco trasparente, equitativo para todos los actores políticos. En 1924-25 un grupo de dirigentes, legisladores todos, tuvieron la visión de crear un modelo de legislación electoral y cívica que permitiese al Uruguay dirimir el disenso mediante el voto y dejar definitivamente atrás dirimir el disenso mediante las armas. Sin un espíritu de ese vuelo, sin esa perspectiva estratégica, sin esa profundidad, es absolutamente imposible construir nada de largo plazo. Y aquí ya no solo se trata de construir, sino de levantar barreras a embestidas que tarde o temprano se iban a dar, pero que toman a todos por sorpresa.

El tema no es solo de los actores político partidarios, también de actores sociales, analistas, comunicadores. Sobre el tema del financiamiento político se han dicho muchas cosas con poca sagacidad y con escaso conocimiento del mundo real. Y sobre todo, sin separar el daño que hace un rasguño de los riesgos de daño letal.

También hay que saber dimensionar las cosas. Hay formidables enfrentamientos y trancazos por la distribución entre los agentes políticos por minutos en tandas publicitarias que cada vez ve menos gente. Y se saltean que las reales inequidades no se producen en la publicidad sino en la información.

Las elecciones de 2019 están ahí a la vuelta y una nueva ley de financiamiento político ya no agrega mucho. Parecería el tiempo de destinar los esfuerzos, desde ahora hasta no más allá de fines del 2020, para legislar hacia el futuro. Y hacerlo en parte para 2024, sin números a la vista, y si en algún caso los números complican, hacerlo para 2029. Suena utópico. No lo es. Este mismo planteo fue hecho por este analista en 1996, y se le dijo que hacer normas para tan lejos como 2004 o 2009 era irreal, demasiado tiempo. Pasó 2004, 2009, 2014, llega 2019, y se sigue ahí. Es hora de hacer las cosas antes de que se llegue demasiado tarde.