Señales que no se quieren oír

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Aparece una formidable distancia de la gente con los actores políticos

En las elecciones generales internas, o elecciones preliminares, o primarias abiertas, realizadas el domingo 30 de junio, surgió un elemento significativo, de gran relevancia, poco destacado, casi ignorado: seis de cada diez electores residentes en el país no votó a ningún partido político en la elección de nivel nacional. De algo más de 2:400.000 electores residentes en el país, votaron a partidos políticos a nivel nacional unos 970.000, lo cual representa el 40%; y votó a nivel departamental alrededor de un millón 60 mil personas, lo cual representa el 44%*. En otras palabras, el 56% de los uruguayos residentes en el país no votó nada y otro 4% votó solo opciones de carácter departamental pero no de carácter nacional. Esta pequeña variación confirma la tendencia mundial de priorizar cada vez más lo local sobre lo político global. Cabe aclarar que la diferencia entre el total de habilitados para votar (2:678.031) y el de electores residentes en el país corresponde a los habilitados para votar residentes en el extranjero, que redondean unas 270 mil personas.

Antes que nada resalta la incongruencia sistémica de un ciclo electoral conformado por etapas en que la primera de ellas —que diseña la arquitectura de las demás— se realiza con voto voluntario, y las demás, con voto obligatorio.

Pero desde el punto de vista del comportamiento de la sociedad, lo relevante es analizar lo que este acto electoral implica como evaluación del poder de convocatoria de la totalidad del sistema político respecto al pueblo en su conjunto. Hay una erosión de confiabilidad y de legitimidad, cuando seis de cada diez uruguayos residentes en el país no se sienten convocados para definir la arquitectura eleccionaria hacia el Parlamento y hacia la Presidencia de la República.

Existe la idea de que en Uruguay las elecciones siempre han sido obligatorias. En realidad obligatorias de verdad lo son a partir de los comicios de noviembre de 1971, oportunidad en que comenzó a regir la ley reglamentaria que estableció controles y sanciones. El principio de obligatoriedad se estableció en la Constitución de 1934, pero de facto continuó el voto opcional por falta de reglamentación.

¿Cómo fue el comportamiento con voto voluntario anteriormente? No es fácil determinarlo por dos razones. Una menor, es que la Corte Electoral no publicó en su momento un dato fundamental como lo es el volumen de votos en blanco y de votos anulados. El otro, de real importancia, es que el total de habilitados para votar no era confiable, pues correspondía a registros muy mal depurados, con muchos muertos cuya defunción no hubo sido oportunamente comunicada a la Justicia Electoral. Precisamente otro elemento que estableció la ley reglamentaria de la obligatoriedad del voto, fue un cambio de procedimientos en la depuración del padrón, que se fue perfeccionado con el tiempo, al punto que puede sostenerse que hoy tiene imperfecciones insignificantes. Aun así, en 1966 (última elección de voto voluntario) votó por partidos políticos el 74.3% de los habilitados para votar, casi el doble que el 30 de junio. Los cálculos sobre mala depuración del padrón permiten afirmar que en el mismo había una sobre registración de entre el 10% y el 15%, con lo cual el voto afirmativo hacia partidos políticos representó entre el 82% y el 87% de los realmente habilitados para votar, de los electores vivos y residentes en el país. Entonces, la participación fue del doble que hogaño.

No es ocioso recordar que 1966 es el año de una reforma constitucional que restablece la institución de la Presidencia de la República, como parte de un movimiento para combatir el creciente descreimiento de la ciudadanía en los actores políticos. Un año y medio después Uruguay dejó de ser una poliarquía plena, al vivir en forma permanente con estados de excepción (Medidas Prontas de Seguridad). Es decir, esa participación del 82-87% fue de un pueblo ya en proceso de desafección hacia el sistema político.

Hay que poner atención que la baja participación es señal de que la mayoría del país no cree en la importancia del voto como el instrumento para resolver los problemas del país, de la gente y de sí mismo, para construir el futuro colectivo. Que crece la desafección hacia el sistema político, la desilusión con la política, el descreimiento en los actores políticos.

Cuando esa desafección se cruza en segmentos significativos de la sociedad con quiebre de expectativas, importantes dificultades o desesperanza, es cuando el voto es sustituido por la expresión callejera; así surgen movimientos que llenan las plazas como una década atrás “Los indignados” en España, principalmente en Madrid y Barcelona, o como los “gilets jaunes” (los “chalecos amarillos”) en Francia, pocas semanas atrás.

Es relevante que la ausencia de participación no puede justificarse por la falta de abanico de propuestas. Hay de todo como en botica: férreos partidarios del más libre mercado y partidarios de la mayor regulación estatal, defensores de la ética confesional preconciliar e impulsores del aborto despenalizado y el matrimonio homosexual, candidatos inspirados en el modelo chileno, o en el norteamericano, o el europeo, o el cubano, o el venezolano. Hay liberales del liberalismo americano y liberales del liberalismo francés, socialistas de distintos socialismos, marxistas, marxistas leninistas y marxistas leninistas trotskistas, y de más de una vertiente del trotskismo. Comparecieron figuras militares, animalistas, ecologistas, digitalistas. Hay presidenciables sub 40 y sobre 80, veteranos de largas carreras políticas y debutantes. La explicación no está en la falta de ofertas ni colectivas ni individuales. Es más profunda.

* Respecto al total de habilitados para votar, los votantes a partidos políticos representan el 36% a nivel nacional y el 40% a nivel departamental.