La relación entre gobierno y partido

Oscar Bottinelli - Diálogo con Víctor H. Abelando

Semanario Brecha

En la relación entre partido político y gobierno, en el mundo se parte de dos grandes modelos. Uno es que el ve al partido como un centro de discusión de ideas y un agente electoral. Luego de una elección, los electos pasan a actuar de acuerdo con su leal saber y entender, en base a los principios que comparten con el partido. Por tanto, el gobierno queda independiente de la fuerza política. Dicho en términos sencillos: el gobierno es una cosa y el partido, otra.

El otro modelo es el que surge con los partidos obreros socialdemócratas, marxistas, a fines del siglo XIX. Y también con los partidos socialcristianos a principios del siglo XX. Ambas fuentes de este modelo coinciden en que el centro de las decisiones políticas es el partido, y que los representantes –sean en cargos parlamentarios, de gobierno o de administración- son más bien delegados del partido, voceros oficiales del partido. Dicho en términos sencillos: el partido manda al gobierno y manda a los parlamentarios.

Aparecen ahí dos concepciones opuestas: una es que el gobierno es una cosa y el partido otra; y la otra concepción es que el partido manda al gobierno.

Hay una solución fácil, que aplican muchos partidos en Europa, en que las figuras políticas que conducen el partido son las mismas que conducen el gobierno. Actualmente se puede ver que Pedro Sánchez es a la vez el presidente del gobierno de España y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, queda fuera de discusión quién manda a quién, porque se sobreponen.

El caso más extremo en que el partido manda al gobierno, en países pluripartidarios, se da con el Partido Nacional Vasco (PNV). Desde el fin del franquismo, nunca el presidente del PNV ejerció la presidencia del gobierno vasco, es decir, el cargo de lehendakari. Inclusive en el protocolo partidario, el número uno es el presidente del partido, mientras el lehendakari es uno de los números dos. La simbología refuerza el concepto.

En Uruguay ¿qué ha ocurrido? En referencia a los partidos que han ocupado la titularidad del gobierno o coparticipado en gobiernos, lo más nítido en el último sentido lo fue el Partido Colorado Batllismo que, al menos hasta la muerte de José Batlle y Ordóñez, aplicó la concepción de que el partido manda a sus representantes. Pero después que el batllismo retorna a la titularidad del gobierno, en los años cuarenta, ese principio se diluye, el gobierno se autonomiza del partido. Estando en la titularidad del gobierno, las decisiones las toma el presidente de la República, o el Consejo de Ministros, o las bancadas parlamentarias, o el conjunto que conforma la Agrupación de Gobierno Nacional.

Lo mismo le ocurrió al Partido Nacional en las dos oportunidades en que tuvo la titularidad de la Presidencia de la República. La tesis contraria, de que manda el partido, la ejerció en el largo tiempo de opositor, o en el gobierno cuando tuvo la mayoría de dos colegiados (1959-63 y 1963-67), y también en los cogobiernos. Basta recordar que el nacionalismo retira a sus ministros del gobierno de Jorge Batlle, en 2002, por decisión del Directorio primero y de la Convención después, lo que fue acatado por los ministros contrarios a abandonar el gobierno. Todo el partido obedeció. En general presenta una tradición de alta estructuración, pero que desaparece cuando tiene la Presidencia de la República.

¿Qué pasa con el Frente Amplio? Cuando nace el Frente Amplio, de manera implícita está el principio de que quien manda es el partido. Y de manera explícita la posibilidad de imponer el “mandato imperativo”, que se aplicó como tal en una oportunidad, en la primera Legislatura post dictadura.

En el Estatuto de 1986 se establece el principio de la obligación de todos los adherentes de cumplir las decisiones de la fuerza política. Lo que implica que quien manda es el partido. Precisamente este principio es uno de los elementos de cuestionamiento –no el único, ni el principal- que lleva a la escisión de la 99 y el PDC [Partido Demócrata Cristiano], en 1989.

El principio comienza a debilitarse cuando el FA accede a la Intendencia de Montevideo. A poco de andar surge la tesis de que el mandato se aplica a los parlamentarios, nacionales y departamentales (ediles), pero no al intendente, porque es el representante de todos los montevideanos. A nivel de gobierno nacional al principio el problema no estuvo planteado, porque en los tres primeros años del primer gobierno de Tabaré, casi todos los líderes de las diferentes corrientes estuvieron sentados en el Consejo de Ministros, un cuerpo que se reunía semanalmente, debatía y tomaba decisiones. Fue un gobierno colectivo de casi toda la conducción frenteamplista (no estuvo representado el Nuevo Espacio). Luego, con la renovación del verano de 2008, se personaliza la conducción, cuyo máximo nivel de presidencialización lo da el veto de Tabaré a la ley de despenalización del aborto.

Pero en el gobierno Mujica de alguna manera hay una coparticipación de las dos grandes mitades del FA, representadas por el presidente (Mujica) y el vicepresidente (Astori), con reparto de roles, y a veces superposiciones y chisporroteos.

No es ocioso resaltar el cambio institucional que se ha dado por vía de los hechos, que condujo a la actual hiperpresidencialización. Con la asunción de Tabaré se dan cambios simbólicos: no se habla más de Poder Ejecutivo sino de Presidencia de la República, hasta en el papel membretado y el nombre del edificio sede, que antes se llamaba Casa de Gobierno. En cuanto a contenidos, la creación de media docena de secretarías en la Presidencia, que ofician como una especie de ministerios sin respaldo parlamentario ni rendición de cuentas al Parlamento. Y lo curioso. La Constitución dice a texto expreso que el presidente designará “un secretario”, uno solo, no más de media docena.

Con Lacalle Pou la presidencialización llega al máximo nivel del último siglo. Uno de cuyos elementos centrales lo registra el que el primer senador del oficialismo renuncia al Senado para asumir como secretario del presidente, y este cargo pasa de ser un auxiliar del presidente a ser una especie de jefe del Gabinete Ministerial. Ese nuevo esquema institucional se replica en el actual gobierno Orsi, con iguales características.

Así se llega al momento actual, en que hay consenso tanto desde el gobierno como desde la cúpula del Frente Amplio en que el gobierno es una cosa y el partido otra. Dicho de manera expresado por Yamandú y por Fernando Pereira. Y no cuestionado ni en la Mesa Política ni en el Plenario Nacional. Pacífica aceptación.

¿Qué rol queda a la fuerza política? Por un lado ser un centro de debate, de reflexiones, de elaborador de ideas para poner en el debate público, sin que ello implique que debe ser seguido por el gobierno. Por otro lado, el papel de defensor del gobierno, de propagandista de su labor, de articular la militancia como soporte a lo que haga el gobierno.