El Observador
De las dieciocho democracias sostenidamente plenas y sin cuestionamientos en su ubicación, diez son monarquías [...] en el mundo, de manera sostenida, el número de repúblicas que a su vez son democracias plenas es de ocho, en un par de centenares de países independientes [...] la representación puede ser formalmente perfecta, en un campo de las más amplias libertades, sin embargo puede ser un sistema que funcione cada vez más en el vacío, por debilidaden en la confiabilidad
No toda democracia plena es república ni su representatividad proporcional
Hoy lo más usual en materia de clasificación de los países2 es el Democracy Index del Economist Intelligence Unit. La categoría de Full Democracies –que puede traducirse como Democracia Completa o Democracia Plena- comprende a la décima parte de los países independientes del mundo3. Uno de los cuales de manera invariable es Uruguay, desde la creación de este indicador en 2006. El Democracy Index es más abarcativo que el concepto de poliarquía o de democracia política en el sentido clásico, al incluir derechos económicos, libertades civiles, derechos sociales modernos, equidad de género, igualdad económica, gobernanza y participación. Sin embargo, tiene falencias importantes en la valoración de la representación política, ya que no toma en cuenta la proporción entre votos y bancas, ni el nivel de participación electoral ni la representatividad que emerge de esa participación electoral. Si tomase en cuenta esos factores, las democracias plenas se reducirían a la mitad y constituirían la vigésima parte de los países y territorios independientes del globo.
Un detalle interesante es que de las dieciocho democracias sostenidamente plenas y sin cuestionamientos en su ubicación, diez son monarquías. Surge entonces un tema que es necesario discutir: la relación entre el concepto de “República” y el concepto de “Democracia”. “Democracia” es una cosa, “República” es otra. En el mundo, de manera sostenida, el número de repúblicas que a su vez son democracias plenas es de ocho, en un par de centenares de países independientes o con mayor exactitud, sujetos de derecho internacional. Las repúblicas plenamente democráticas son un club exclusivo del entorno del 4% de los países independientes del mundo; y de tomarse en cuenta la proporcionalidad entre representados y representantes, ese club exclusivo de repúblicas democráticas plenas y de alta proporcionalidad se reduciría a tan solo cinco o como mucho seis países en casi doscientos. Este tema es muy relevante al conjugar los conceptos de “Democracia” y de “República” y observar que va contra lo que aparece como obvio: que la democracia y la república son los modelos dominantes en el mundo, cuando son la excepción excepcionalísima, aun en Occidente.
Otra discusión importante es la dicotomía entre “Democracia” y “Libertad”. Hay países o sistemas en que se pone el énfasis en la democracia y otros países en que se pone el énfasis en la libertad. En esta última alternativa, la libertad aparece más como un proyecto individualista: “yo hago aquello que quiero hacer”. Esto se ve mucho en el discurso y la filosofía política norteamericana, donde se prioriza el concepto de libertad por encima del concepto de democracia. Como contrapartida, el concepto de democracia lleva muchas veces a la concepción de Estados fuertes, en donde la libertad puede quedar subsumida a las necesidades del Estado. La tensión entre Estado fuerte y libertad es una de las claves de discusión, así como la tensión entre democracia representativa y libertad.
Dicho esto, concentrado el análisis en la Poliarquía, es conveniente referir dos cosas más o menos irónicas. La primera es la definición de Jorge Luis Borges, que decía que la democracia es un abuso de las estadísticas. La segunda, de George Bernard Shaw; el célebre escritor irlandés decía con su cruda ironía que la gran virtud de la democracia es que ningún representante puede ser más estúpido que sus representados, porque cuanto más estúpidos son sus representantes más lo son quienes los votaron.
Esto, llámese inteligencia o estupidez, hay que relativizarlo. Una queja que surge en periodos de crisis de los sistemas políticos -se infiere que ocurrió aquí en los años previos a la dictadura y se observa ahora- es cuando la gente dice: “Bueno, yo tengo que elegir entre lo que hay, y lo que hay no me gusta. Entonces voto a lo menos malo”. Entonces surgen problemas de confiabilidad. Hay que tener en cuenta que más allá de que existan amplias libertades civiles, garantías en derechos ciudadanos, es un elemento esencial a la poliarquía, a la democracia más pura, la confiabilidad de los ciudadanos, la creencia en los actores políticos, que son los elementos que otorgan no la legalidad sino la legitimidad sociológica. Hay que tener en cuenta una batalla que los sistemas políticos deben librar, además de moverse en un mundo cada vez más confuso en comunicación: la batalla de afirmar la credibilidad y confiabilidad del ciudadano. La representación puede ser formalmente perfecta, en un campo de las más amplias libertades, pero sin embargo puede ser un sistema que funcione cada vez más en el vacío, con menos basamento sólido, precisamente por esa debilidad de confiabilidad.
El “abuso de la estadística” –Borges dixit- entendido como la conformidad con los números electorales fríos, muchas veces esconde la debilidad del soporte popular a las instituciones, la credibilidad en la misma, la distancia entre representantes y representados. Es posible que algo de eso sea una de tantas explicaciones de la pérdida de fe en la democracia y en las instituciones que dominó el Uruguay de fines de los años sesenta y comienzos de los setenta del siglo pasado, y que hoy se observa con fuerza.
1 Profesor Titular Grado 5 de Sistema Electoral y Régimen Electoral Nacional de la Universidad de la República, en calidad de Docente Libre
2 Tercera nota de una serie de cinco sobre “Democracia y Derechos Humanos”. Ver “La democracia y sus dimensiones“ y “La poliarquía y sus limitaciones", El Observador, noviembre 20 y 27 de 2021
3 Esta serie es la publicación corregida de la ponencia presentada en el seminario “Democracia y Derechos Humanos”, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y realizada en el Palacio Legislativo, el 13 de de 2018. Fue comentada por los entonces presidentes o secretarios generales de los partidos con representación parlamentaria: Javier Miranda (Frente Amplio), Beatriz Argimón (Partido Nacional), Adrián Peña (Partido Colorado), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Gustavo López (Unidad Popular).