La judicialización de la política

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Es un diagnóstico de la falencia del sistema político para cumplir su rol.

La judicialización de la política es la utilización del sistema judicial como escenario para dirimir diferencias esencialmente políticas, y consecuentemente, el empleo de las resoluciones judiciales como arma en la lucha política. Ello va unido a la sacralización de lo judicial, el invocar “lo decidió la Justicia” como algo que debe ser por tal incuestionado e incuestionable, por encima del ámbito terrenal.

La judicialización de la política se interrelaciona con otro fenómeno, opuesto, cuando el sistema judicial incursiona como actor político e incluso electoral, ya fuere el Ministerio Público o la Magistratura. Es tema para otro capítulo.

También se interrelaciona con otro tema –también para otro capítulo- como lo es la aparición de una especie de tribunal de ética, que juzga conductas que no están regladas ni constituyen faltas ni delitos, y que sin embargo llevan a dictámenes de un órgano que además está situado en la quinta esencia del poder político: el Poder Ejecutivo. La política juega e interacciona con estos otros dos campos o estos otros dos capítulos.

Toda sociedad plural como lo es una democracia política, o más exactamente una poliarquía, es una sociedad en la que existe diversidad de ideas, creencias y valores y esa diversidad necesita conjugarse con la síntesis o con la resolución de la divergencia. Y es el sistema político el que dirime las diferencias, el disenso, a partir de reglas de juego pre establecidas y consensuadas.

Cuando el disenso no se dirime en el plano político y se traslada al plano judicial, hay un fracaso, mayor o menor, del sistema político. O más exactamente, el sistema político evidencia la falencia de no cumplir con un elemento esencial de sí mismo, como lo es articular y dirimir el disenso.

Ese incumplimiento del rol de dirimir el disenso puede obedecer a múltiples causas. A título de inventario preliminar y no exhaustivo, cabe señalar algunos elementos:

Uno. Cuando alguien, generalmente quien tiene la potestad ejecutiva o de administración –global o específica- va más allá de sus potestades jurídicas (o como se dice vulgarmente, “juega en la raya”) o si bien actúa dentro o en el límite de sus potestades, va más allá de las reglas admitidas de juego según la tradición y costumbres de cada país, de la búsqueda si no del consenso, de la aceptabilidad, de la tolerancia. Cuando el poder se ejerce en forma avasallante y limita el funcionamiento bona fide de las instituciones.

Dos. Cuando alguna de las partes, o más de una de las partes, juega el juego del enfrentamiento, de la descalificación del otro, y la forma más simple de descalificar es mediante el trazado de sombras sobre la moral, la ética, la honestidad o el cumplimiento de la ley.

Tres. Cuando el debate político decae, y en lugar de discutirse los grandes desafíos del país, la diversidad de caminos, se va al espectáculo menor, a la denuncia de lo banal pero de fácil comprensión.

Cuatro. Cuando se descubre que vía Ministerio Público o vía magistratura, existe una predisposición a juzgar a los políticos con una vara muy baja, en que pasa a ser calificado de delictivo cualquier hecho menor de administración, siempre y cuando el comitente del delito fuese un funcionario político.

Cinco. Cuando vía Ministerio Público y a veces a nivel de magistratura, existe una seducción por el protagonismo púbico.

Seis. Cuando lisa y llanamente, hay segmentos de Ministerio Público o de magistraturas que actúan de manera militante. Inclusive hay ejemplo en algunos países de magistrados organizados por afinidad ideológica.

Hay tres ejemplos significativos de cómo el juego de lo ético y lo judicial han producido efectos políticos, detrás de los cuales la verdadera causa nada tuvo que ver con lo ético o lo delictivo.

Uno de los casos ocurrió en Francia, donde fue mucho más fácil eliminar de la carrera presidencial a Dominique Strauss-Kahn mediante una campaña de ataque por un real o presunto acoso sexual a la camarera de un hotel, que enfrentar su trayectoria personalidad y su programa de gobierno; agregado al hecho de una periodista que varios lustros después descubre que fue víctima de un avance sexual del candidato presidencial.

El, otro el de Silvio Berlusconi –fuera de toda duda de una vida privada que no es ejemplo para muchos- en que la combinación de las acusaciones éticas y el acoso judicial llevaron a derribarlo del gobierno, precisamente en el momento político que se erigía como una barrera a los avances del sistema financiero respaldado por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y detrás de todo, Alemania. Juego que concluyó en su sustitución por un técnico funcional a ese tejido de poder.

Un tercer caso es el de Luiz Inácio da Silva, alias “Lula”. Acusado de corrupción en medio de una campaña de acoso y derribo del Partido de los Trabajadores, años más tarde se anulan todos los cargos y se descubre que los juicios fueron amañados para producir un efecto político.

Son tres casos en que se cambió o se influyó para cambiar el sentido del gobierno, ya fuere mediante la influencia en elecciones o en caída de gobernantes. Es interesante remarcar que el mismo fenómeno se dio para afectar a políticos de izquierda y de derecha, o de centro izquierda y de centro derecha. No es un fenómeno unidireccional.

La judicialización de lo político normalmente empieza como un pequeño juego de acusaciones menores contra alguno por ahí. Más tarde el juego se amplía. Y a veces se llega a derribar todo un sistema político y luego no lograr reconstruirlo en plenitud, como viene ocurriendo en Italia desde hace casi tres décadas.