De elecciones, costos y medios

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Los costos de las campañas electorales son crecientes, asfixian a los actores políticos, los obliga a recurrir a fuentes privadas de financiamiento con el consiguiente condicionamiento, a otros los lleva a abandonar la carrera¹. ¿Qué ha hecho el sistema político para resolver un problema que lo agobia? Descargar su furia y su impotencia en privado y no hacer nada en los hechos. ¿Por qué? Porque en el juego cruzado de luchas y competencias se descubre que la lucha que más impacta no es la de los partidos entre sí sino la de los actores secundarios dentro de un mismo partido. Y dentro de un mismo partido a algunos les va mejor en el mercado que a otros, y por eso no les conviene ni menores costos electorales ni mayores controles en la captación de dinero.

Cerca de los dos tercios de los gastos electorales corresponden a la publicidad en medios de comunicación adjudicatarios públicos, ya sea del Estado o de los gobiernos departamentales. Esos dos tercios de gastos electorales corresponden a la publicidad en televisión, radio y vía pública. La emisión de radio y de televisión solo se puede hacer en base a concesiones del propietario de las ondas y la publicidad en vía pública solo puede hacerse en base al propietario de esa vía pública, que en la concepción uruguaya (al igual que la europea) no son libres, sino propiedad del Estado. Los unos y los otros realizan sus negocios en función de una concesión pública.

Sobre la publicidad en radio y televisión hace mucho que se discute y no se ha legislado. En general es la oposición la que más ha procurado la existencia de espacios gratuitos de publicidad en campaña electoral y el oficialismo ha puesto obstáculos. Esta vez el oficialismo ha realizado una propuesta que levanta muchas resistencias ¿Por qué? Porque siempre que hay asignación gratuita de espacios, algunos reciben menos de lo que quisieran, y la suma de los disconformes frena la posibilidad de algo que beneficia al sistema político en tanto tal, y también al electorado, en cuanto a poder disponer de una oferta plural asegurada de propuestas y convocatorias. En cambio, nunca se ha discutido el otorgamiento de la concesión gratuita de la cartelería en vía pública urbana y de carreteras, lo cual tiene el mismo sustento y la misma lógica que la publicidad en radio y televisión, pues se trata de concesiones públicas.

En Europa se ha avanzado muchísimo en la publicidad electoral gratuita, y se han dado importantes avances en América Latina, caso de Brasil y también de Argentina. En ese sentido Uruguay es un país que va por otro lado, o en otro timing o en otra concepción.

El sistema político podría avanzar mucho hacia una reducción de los gastos electorales. Por un lado con un recorte a la creciente necesidad de campañas que desató la reforma Constitucional de 1996 y amplió la Ley de Descentralización. Por otro, mediante el acotamiento real de la campaña electoral, ya que parece excesivo que un país dedique alrededor un tercio del tiempo (20 meses en 60) al desarrollo de campañas electorales directas. En tercer término corresponde que en lugar del lamento privado haya una búsqueda seria de consensos para la imposición de uso gratuito de publicidad electoral en televisión, radio y vía pública.

El tema mayor es la distribución. Así como se hallaron formas consensuales (desde fines de los años veinte a la fecha, casi nueve décadas) para la distribución de los fondos estatales destinados a las campañas electorales, pueden usarse los mismos criterios para el otorgamiento de estos otros recursos.

 

En el mundo hay diversas soluciones. Un camino es el otorgamiento del mismo espacio a todos los actores políticos. Pero es válido en países con pocos actores y al menos en el plano simbólico de peso equivalente. Pero en Uruguay no parece razonable que el Frente Amplio o el Partido Nacional o el Partido Colorado recibiesen los mismos tiempos que la constelación de nuevos partidos que se han registrado ante la Corte Electoral, y que la historia demuestra que rara vez pasan el millar de votos. Pero no solo existe ese problema entre partidos, sino al interior de los partidos: hay grandes desniveles en las candidaturas presidenciales, en el potencial de las listas senatoriales, en el potencial de las listas a diputados, y lo mismo en los demás cargos.

Un segunda camino, a partir de esas diferencias, es otorgar los espacios o recursos en base a los resultados de las elecciones anteriores. Ello plantea dos problemas: Uno, que puede cambiar la arquitectura de la oferta electoral, y por tanto que no es fácil determinar los derechos que corresponden a las nuevas presentaciones electorales en base a la presentación anterior (nuevas listas, fusión de listas, ruptura de listas, desaparición de listas de candidatos). Dos, que puede considerarse que una magra votación anterior genera a su vez un bajo punto de partida y no hay igualación de oportunidades.

Un tercer camino, precisamente a partir de las observaciones hechas a los dos puntos anteriores, es buscar una combinación. Un piso igualitario y a partir de allí una distribución proporcional en base a los resultados anteriores.

Existe inclusive un cuarto camino, similar a la del financiamiento de campañas electorales. Los minutos de televisión o radio, el tiempo y cantidad de carteles en vía pública, pueden ser convertidos monetariamente. La solución puede ser un crédito en tiempo o lugar a los partidos, agrupaciones, listas de candidatos, como el crédito que el BROU otorga en dinero como adelanto del financiamiento público. Luego se produce una reliquidación en base a los votos. Quien gastó de menos tendrá un crédito y quien gastó de más generá una deuda. Pero hay igualdad de oportunidades y proporcionalidad en el otorgamiento efectivo de recursos comunicacionales, con el mismo criterio con que se otorgan los recursos financieros.

---

1 Ultima nota de una serie de tres sobre el acceso a recursos en las campañas electorales. Ver Las elecciones y el dinero y El creciente gasto electoral en El Observador.