Los efectos políticos del envión oficialista contra la Ley de Caducidad

Oscar A. Bottinelli – Diálogo con Fernando Vilar

Radiocero y Radio Monte Carlo

Vilar: Como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radiocero y en Radio Monte Carlo presentamos el análisis político de Oscar Bottinelli, director general de Factum. El tema de hoy: Los efectos políticos del envión oficialista contra la Ley de Caducidad

OAB: El Senado aprobó esta semana una ley que deja sin aplicación la Ley de Caducidad. Todavía falta que la ratifiquen los diputados y la promulgue el Poder Ejecutivo; pero eso es un hecho, va a ocurrir en los primeros días de mayo.

Este es un gran mojón en este periodo de gobierno. Lo es por un lado por el contenido de la ley. Pero también –y en esto vamos a centrar el análisis- por las consecuencias políticas que su aplicación genera sobre el Frente Amplio y al interior del Frente Amplio.

Conviene mirar de lejos. Aprobada la Ley de Caducidad en 1989, el Frente Amplio recurrió a la democracia directa, es decir, apeló a “que el pueblo decida”. A partir de allí, la izquierda impulsó reiteradamente plebiscitos y referendos, con resultado variado: Grandes éxitos como el rechazo a la Ley de Empresas Públicas en el gobierno de Lacalle, obligar al gobierno Batlle a derogar dos normas sobre Antel y Ancel, el rechazo de la Ley de Asociación de Ancap (también con Batlle) o el plebiscito del agua. Y también grandes fracasos como la doble derrota en su lucha contra la Ley de Caducidad: en el 89 y en 2009, o el 27% del presupuesto para la enseñanza, o el voto en el exterior por correo.

Tenemos entonces en las últimas dos décadas a la izquierda como el gran impulsor de plebiscitos y referendos, de “que el pueblo decida”. Ese es un hecho. Otro hecho es que, hasta ahora, todos los gobiernos respetaron la decisión popular, todos; inclusive la dictadura con el plebiscito en que triunfó el NO a su proyecto de Constitución.

FV– ¿Y ahora entonces sería diferente?

OAB: Esta es la primera vez que una decisión rechazada por la ciudadanía es cambiada por el Parlamento. Y hay que subrayar algo. No es que el Parlamento sancione una ley en sentido contrario a un plebiscito de vieja data. Aquí es todo simultáneo: este Parlamento fue elegido en el mismo acto, en el mismo sobre de votación en que la gente decidió no anular la ley de caducidad. Es decir, la gente a la vez decide en forma directa un tema y elige sus representantes; y esos representantes después de ser elegidos resuelven hacer lo contrario de lo que el pueblo decidió por sí mismo en el momento de elegirlos.

Este es el primer gran costo que paga la izquierda y el Frente Amplio. O el primer doble costo: no respetar una decisión plebiscitaria por primera vez en la historia del país y perder la calidad de abanderados de “que el pueblo decida”, de la apelación continuada a la decisión popular directa.

FV– ¿Pero en este viraje, con qué respaldo popular cuenta entre la gente en general y entre los frenteamplistas en particular? En diciembre Monte Carlo Televisión difundió la Encuesta Nacional Factum sobre este tema, en que a la gente se le planteó la encrucijada entre respetar la voluntad popular o juzgar las violaciones de los derechos humanos. Recordemos el resultado

OAB: La gente se pronunció en forma muy clara: el 70% de los uruguayos optó por respetar siempre lo que el pueblo decida aunque no se juzguen las violaciones a los derechos humanos. Un 25% prefirió juzgar las violaciones a los derechos humanos aunque no se respetase la decisión popular. Tres a uno. Pero también entre los frenteamplistas hubo un claro predominio por el respeto a la decisión plebiscitaria: 57% contra 37%

FV– Es decir, tampoco los frenteamplistas están de acuerdo en no respetar la decisión del plebiscito. ¿Qué otros costos paga la izquierda?

OAB: Paga varios costos adicionales:

Uno es la renuncia al Senado de un referente histórico de la línea ideológica hoy predominante en el Frente Amplio, como lo es Eleuterio Fernández Huidobro; renuncia que quedaría aún más potenciada si se suma – que es probable - la renuncia del ministro de Defensa Nacional. De esta votación del Senado podría derivar la primera crisis de gabinete.

El otro costo es que el oficialismo pierde una banca en el Senado, con la exclusión de Jorge Saravia. Pasa de 17 senadores a 16 en un total de 31. Lo que lo deja sin aire en esa cámara. Basta recordar que el senador comunista Lorier pasa a ser decisivo y tiene como antecedentes no haber acompañado con su voto en varios temas decisivos ni al gobierno ni al Frente Amplio. El oficialismo entonces se queda sin aire en el Senado, se queda estrictamente con lo justo.

FV– Pero se puede decir que son costos, quizás altos, para lograr un objetivo que importa mucho al gobierno: que no se aplique más la Ley de Caducidad

OAB: Ahora viene lo más grueso: casi todos los constitucionalistas consideran que esta ley es inconstitucional. Si la Suprema Corte de Justicia llega a declarar inconstitucional esta nueva ley, todo habrá sido una acumulación de costos a cambio de nada. En la decisión de la Suprema Corte se juega la suerte para el oficialismo, de que todo esto no haya sido inútil.

FV– Bueno, pero ¿puede decirse que todo esto es para cumplir con algo que al Frente Amplio le importaba mucho?

OAB: El hecho es que en 20 años, desde el referéndum del 89 hasta el plebiscito de 2009, el Frente Amplio no impulsó ninguna iniciativa para derogar o anular la Ley de Caducidad. No lo hizo en los 5 años del periodo Vázquez, pese a las abultadas mayorías parlamentarias que tenía.

Ahora bien, es necesario una aclaración: no hay que confundir la posición oficial o mayoritaria del Frente Amplio que acabamos de describir, con la existencia de dirigentes y grupos minoritarios que bregaron ininterrumpidamente por esta causa.

FV– Tú vienes hablando de costos ¿Son altos? ¿Son bajos? ¿Se pueden medir?

OAB: No se pueden medir. Puede haber grandes éxitos en otros terrenos, a lo largo de cinco años y esto quedar neutralizado. O pueden seguirse sumando costos, más grandes, más chicos, y todos sumados al final producen un resultado. No hay que olvidar que el Frente Amplio dejó de ser impermeable a los costos políticos: en la última elección perdió 2 bancas de diputado y al año siguiente perdió la mitad de las intendencias que había ganado. Entonces, cuidado, que los costos se pagan, tarde o temprano se pagan.