Las amenazas a la poliarquía

Oscar Bottinelli¹

El Observador

Grandes riesgos: ausencia de par conditio y financiamiento electoral

La democracia, se considera tal, en las versiones más actuales, cuando comprende como mínimo no solo buenos procesos electorales y pluralismo, sino exigencias de funcionamiento del gobierno, participación política, no discriminación de elementos invariables de la personalidad, cultura política democrática y libertades civiles². Y aun la democracia puramente política, la poliarquía strictu sensu, no es un régimen que haya dominado la historia de la humanidad, sino es un régimen relativamente reciente, que despunta en la última centuria. Y la democracia plena es alrededor de la décima parte de los países independientes del mundo. Pero más de la mitad son monarquías y además en la mayoría de ellos es baja la representatividad, al no ser obligatorio el voto. Todos los estudios demuestran que en los países de voto no obligatorio sistemáticamente no participan los sectores más vulnerables, los sectores lingüística, culturalmente o socialmente más marginados, o más bajos, con lo que terminan siendo democracias de élites

Corresponde remarcar un conjunto de riesgos, amenazas y afectaciones a la democracia política, como sinónimo de poliarquía. Dos riesgos o amenazas o afectaciones son: un problema en materia de información y la problemática económica de los competidores políticos en la realización de las campañas políticas y electorales

Existe un problema en materia de información. Uruguay es un país líder o de los líderes respecto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Pero todo ello en el concepto de libertad de expresión y de libertad de prensa de los siglos XVIII, XIX y buena parte del XX: el derecho de quien emite el pensamiento a tener un medio para expresarlo.

Pero hay un nuevo derecho que se gesta hace más de medio siglo: el concepto de derecho del ciudadano a tener una información completa y equitativa; el derecho a la libre información. En Uruguay no hay elementos ni fácticos ni legales que aseguren al ciudadano tener esa información equitativa en los grandes medios de comunicación. Se ha inclinado la balanza en favor del concepto de libertad de prensa en desnivel al derecho del ciudadano a la libre información.

En materia de campaña política -este autor lo ha planteado en varias oportunidades en los respectivos informes a las comisiones de cada una de las cámaras- la legislación de partidos políticos debería incluir la par conditio, que ya existe en algunas legislaciones europeas. La par conditio significa el acceso equitativo de todos los agentes políticos a los medios de comunicación en la parte periodística o informativa de esos medios. Es diferente a lo que sí se ha legislado en este país -mal, distorsionado por una muy discutible declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia- en materia de distribución de espacios gratuitos de publicidad para los partidos político en campañas electorales. Es decir, se ha legislado el acceso equitativo tan solo a los partidos políticos -no a las agrupaciones y fracciones al interior de los partidos- en la distribución de algo que está cayendo en desuso y va en vías de desaparecer en corto tiempo: las tandas publicitarias, que casi nadie ve ni escucha. Lo que falta, y es muy relevante, es la equidad de tiempo de los agentes políticos (partidos, fracciones, sectores, movimientos, agrupaciones, listas, candidatos, candidaturas) en los segmentos periodísticos, ya fuere en informativos o fuere en programas periodísticos.

Cuando se analiza las distribuciones de tiempo en los grandes medios de comunicación, se observa que puede ser relativamente equilibrado entre los partidos. Pero resulta muy desequilibrado al interior de los partidos. El juego es demostrar equidad entre los partidos, pero poner el dedo en el platillo de la balanza en favor de unos sectores y en detrimento de otros al interior de cada partido. Entonces, hay un problema, para los actores políticos y para los ciudadanos.

Este primer riesgo o amenaza se liga a uno segundo: las democracias políticas en el mundo están cada vez más amenazadas por la problemática económica de los competidores políticos en la realización de las campañas políticas y electorales.

Es significativo destacar el debate habido en algunos países europeos sobre la reforma electoral. El punto central en discusión lo era el cuestionamiento de las listas cerradas y bloqueadas y como contrapartida, la mayor libertad del elector, mediante la selección por el votante de cada uno de los candidatos. En la oposición a esta tesis surgió que el voto persona por persona lleva a que cada candidato deba hacer su propia campaña electoral, con la consiguiente necesidad de fondos; cuanto más candidatos, más personas en busca de votos; cuantas más personas en busca de votos, mayor gasto; cuanto mayor gasto, mayor necesidad de recaudar fondos. De donde, el aumento del número de candidaturas es potencialmente el incremento del peso de poderes económicos y el aumento del riesgo de corrupción.

La enorme cantidad de candidaturas que surgen en las elecciones generales internas en este país, es potencialmente un factor de mayor peso de algunos poderes económicos y un potencial factor de corrupción.

Entonces, hay un grave problema que genera limitaciones al funcionamiento de la poliarquía. En el momento clave de las elecciones es cuando pueden producirse desniveles por las apoyaturas financieras a cada agente. Momento en que la recolección de fondos puede ser tanto o más importante que la equidad en la publicidad o que otros elementos de campaña.

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1 Profesor Titular Grado 5 de Sistema Electoral y Régimen Electoral Nacional de la Universidad de la República, en calidad de Docente Libre

2 Cuarta nota de una serie de cinco sobre “Democracia y Derechos Humanos”. Ver “La democracia y sus dimensiones“, “La poliarquía y sus limitaciones” y “República, democracia y libertad”, El Observador, noviembre 20 y 27 y diciembre 4 de 2021